Sigue tensión en San Vicente del Caguán: dejan un policía y un campesino muertos

El pasado jueves 2 de marzo, en la región de Los Pozos, San Vicente del Caguán en Caquetá, se registraron fuertes enfrentamientos entre comunidades campesinas y la Fuerza Pública de la región, en los que lamentablemente perdieron la vida un policía identificado como Ricardo Arley Monroy Prieto, de 39 años, y un campesino identificado como Reynel Arévalo de 60 años. El cuerpo del policía se encuentra en manos de los manifestantes, mientras que el del campesino fue trasladado a Medicina Legal.

Además, se reporta que cerca de 80 policías se encuentran secuestrados por la Guardia Campesina y que seis funcionarios de la empresa petrolera también se encuentran en la misma condición. Ante esta difícil situación, el presidente Gustavo Petro ha pedido la intervención de la Cruz Roja para atender humanitariamente a las personas retenidas y ha exigido la liberación de los secuestrados antes de que se propicie una nueva escalada de violencia.

Cabe destacar que desde hace algunos días la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, Undomo, mediante dos secciones que completan 80 miembros a cargo de la Policía Nacional, habían hecho presencia en la base petrolera Emerald Energy con el fin de controlar la situación en la región.

Los campesinos han reclamado la presencia del presidente Petro, pero este ha enviado al Ministro de Defensa, Iván Velásquez, para liderar el curso de diálogos con los que esperan llegar a una negociación.

En el 2022 se habrían establecido una serie de acuerdos que no se estarían cumpliendo en relación con una inversión campesina, pavimentación de una de las vías, revisiones sobre el impacto ambiental de la empresa en la zona, entre otros puntos clave que hoy son las peticiones de los civiles.

Las autoridades locales también investigan versiones que señalan que los ingresos de los campesinos a la sede petrolera, identificados como Guardia Campesina, no serían de la región y que entre los cerca de 300 civiles que hacen presencia en la zona, habrían disidentes de las Farc con intereses económicos.

La comunidad campesina y un conjunto de labriegos llevaban varios meses exigiendo tanto a la empresa como al Gobierno nacional y al gobierno territorial el cumplimiento de una serie de acuerdos, proceso que no se desarrolló y que habría desencadenado los hechos violentos de los últimos días.