Nueve militares son procesados por presunto desvío de alimentos

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez a nueve militares que son investigados por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos destinados a la alimentación de soldados.

De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido entre abril y octubre de 2024, periodo en el que los procesados presuntamente aprovecharon las funciones que desempeñaban para apropiarse de recursos destinados al suministro de raciones alimentarias.

Según el ente investigador, parte de los dineros habría sido desviada mediante presuntas irregularidades en el manejo, registro y entrega de víveres destinados al personal militar.

Uno de los casos mencionados por la Fiscalía está relacionado con una planilla de abastecimiento utilizada para soportar la entrega de víveres secos y granos destinados al Pelotón Acumulador 4, correspondiente al periodo comprendido entre el primero y el 30 de abril de 2024.

Sin embargo, de acuerdo con los elementos presentados por la investigación, esta entrega no habría podido realizarse en las condiciones registradas, debido a que los integrantes de ese pelotón se encontraban en permiso entre el 3 y el 15 de abril y posteriormente en reentrenamiento entre el 16 y el 30 del mismo mes.

La Fiscalía también señaló que los involucrados habrían intentado ocultar las presuntas irregularidades mediante la alteración de documentos y la suscripción de planillas relacionadas con la entrega de alimentos.

Los documentos investigados presuntamente certificaban el suministro de raciones a seis pelotones, pese a que los registros no coincidirían con las necesidades reales de la unidad militar.

Dentro de los casos señalados aparecen los pelotones Bengala 2 y Antorcha 3, que, según la Fiscalía, serían unidades que no estaban asignadas, agregadas ni vinculadas operacionalmente al Batallón Especial Energético y Vial número 10.

El ente acusador calificó estos dos grupos como “pelotones fantasmas”, al considerar que administrativa y operacionalmente no existían dentro de la estructura de la unidad para el periodo investigado.

La investigación también habría establecido la existencia de registros correspondientes a estancias o valores diarios de alimentación por soldado para personal que, presuntamente, no se encontraba en el batallón.

Los nueve militares fueron imputados, de acuerdo con su presunta participación individual, por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

Durante las audiencias, los procesados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación.

Las capturas fueron realizadas por funcionarios del CTI, con apoyo de la Policía Nacional, en diferentes municipios del país.

Entre los lugares donde se adelantaron los procedimientos se encuentran Barrancabermeja y San Vicente de Chucurí, en Santander, según la información suministrada sobre el caso.

La investigación busca establecer el alcance de las presuntas irregularidades y determinar la responsabilidad individual de los nueve militares en el manejo de los recursos destinados a la alimentación del personal de la unidad.