En un acto que ha conmocionado a la sociedad colombiana, el director de la cárcel La Modelo de Bogotá, coronel Élmer Fernández, fue asesinado el jueves 16 de mayo de 2024 mientras se desplazaba hacia su hogar en Barrios Unidos. El trágico incidente, confirmado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, está siendo investigado por las autoridades.

Fernández viajaba como copiloto en un vehículo Mazda gris sin blindaje, convirtiéndose en un objetivo vulnerable para los sicarios que, desde una motocicleta, dispararon contra el automóvil, impactando fatalmente al funcionario. Las imágenes muestran los agujeros de bala en el vidrio de la puerta delantera derecha, mientras que el vehículo quedó detenido en medio de una concurrida vía de la ciudad.

El ministro de Justicia anunció un operativo de búsqueda liderado por el director de la Policía Nacional, general William René Salamanca, para capturar a los responsables del crimen. Se reveló que Fernández había recibido amenazas de muerte el 9 de mayo, relacionadas con su gestión para trasladar a un recluso peligroso, lo que indica un posible móvil para el asesinato.

Óscar Robayo, presidente del sindicato de guardianes del Inpec, lamentó profundamente la muerte de Fernández, destacando la situación de riesgo en la que trabajan los funcionarios de las instituciones penitenciarias. El presidente Gustavo Petro también condenó el crimen, señalando que Fernández estaba cumpliendo su deber de mantener el orden y la seguridad en La Modelo.

El país se encuentra consternado por este trágico suceso, que ha provocado un llamado urgente a la acción para abordar la seguridad de los funcionarios penitenciarios y garantizar la justicia para quienes perpetraron este acto de violencia.

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En el auditorio Edgar Cote Gravino del Centro Popular Comercial, se llevó a cabo la segunda audiencia pública ordenada en el marco de la medida cautelar nacional. Esta iniciativa, impulsada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tuvo como objetivo principal abordar las peticiones de las víctimas de desaparición forzada y promover la búsqueda de la verdad y la reparación, especialmente en el contexto de la masacre ocurrida el 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja.

Raúl Eduardo Sánchez, presidente de la sección de ausencia de reconocimiento de la JEP, detalló los alcances de la jornada, destacando el propósito fundamental de las medidas cautelares territoriales: proteger de manera inmediata los derechos de las víctimas. Actualmente, se han tramitado 23 medidas cautelares en diversos territorios del país, con resultados que incluyen 130 exhumaciones, 81 personas identificadas y 69 casos en curso.

La medida cautelar nacional, enmarcada en la búsqueda de la verdad y la reparación, insta a los gobiernos locales a colaborar con las familias buscadoras para encontrar a sus seres queridos desaparecidos. La experiencia en el ámbito territorial ha evidenciado fallas estructurales por parte del Estado, lo que ha llevado a la JEP a abocar un trámite de orden nacional para garantizar la protección de los derechos de las víctimas de desaparición forzada.

La elección de Barrancabermeja como sede de esta audiencia pública responde a su historia marcada por décadas de conflicto armado, así como a la conmemoración del 16 de mayo, fecha significativa en la memoria de las víctimas de la masacre. Este espacio brinda la oportunidad de destacar el derecho fundamental a la memoria y el esclarecimiento de casos de desaparición forzada que aún esperan justicia tras 26 años.

Representantes de ministerios, organizaciones de víctimas, defensoras de derechos humanos y autoridades locales y nacionales participaron en la audiencia, demostrando un compromiso conjunto en la búsqueda de soluciones para las víctimas y sus familias.