Operativo por caza de chigüiros termina en enfrentamientos

Un operativo de control ambiental en Barrancabermeja terminó en un fuerte enfrentamiento entre autoridades y miembros de la comunidad, en medio de una intervención por la caza ilegal de chigüiros.

Los hechos se registraron en la comuna 1, específicamente en el barrio Arenal, donde se había denunciado la captura de esta especie silvestre, protegida por la legislación ambiental colombiana.

Durante la inspección, liderada por el secretario de Medio Ambiente, Leonardo Granados, se presentaron agresiones verbales y físicas entre funcionarios y algunos habitantes del sector.

Según explicó el funcionario, el operativo fue activado tras recibir denuncias ciudadanas sobre la caza de chigüiros, presuntamente para su comercialización durante la temporada de Semana Santa.

Granados aseguró que durante el procedimiento se evidenciaron actos de maltrato animal, señalando que los animales estaban siendo sacrificados de manera violenta.

El secretario también denunció que algunos líderes comunitarios estarían presuntamente respaldando estas prácticas ilegales, lo que generó mayor tensión durante el procedimiento.

Por su parte, el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Arenal, Emilio Méndez, cuestionó la forma en que se desarrolló el operativo, indicando que la actitud del funcionario no fue adecuada frente a la comunidad.

Méndez afirmó que los presuntos responsables de la caza serían menores de edad, quienes, según él, actúan motivados por necesidades económicas y falta de oportunidades.

El líder comunitario reconoció que la caza de chigüiros no es permitida, pero insistió en la necesidad de implementar procesos de educación ambiental en lugar de confrontaciones.

El incidente dejó un ambiente de inconformidad entre las partes, evidenciando la complejidad social detrás de este tipo de problemáticas ambientales.

Las autoridades confirmaron que existen pruebas de la caza ilegal de fauna silvestre, por lo que se iniciarán las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

El caso también reabre el debate sobre la necesidad de fortalecer la sensibilización comunitaria y el cumplimiento de las normas para la protección de especies en riesgo.