Combates entre Clan del Golfo y ELN obligan a huir a familias en Puerto Matilde

Una grave crisis humanitaria se vive desde este jueves en el caserío Puerto Matilde, ubicado entre Yondó y Cantagallo, debido a fuertes enfrentamientos armados entre integrantes del Clan del Golfo y la guerrilla del ELN.

Los combates, que se intensificaron desde la madrugada del miércoles, atraparon a la población campesina en medio del fuego cruzado, obligando a decenas de familias a huir de sus hogares en busca de ayuda humanitaria.

De acuerdo con testimonios, los disparos se registraron incluso en el centro poblado, lo que generó pánico y llevó a muchos habitantes a lanzarse al río para evitar ser alcanzados por las balas.

La alcaldía del municipio de Yondó, Antioquia, confirmó la llegada de 53 campesinos desplazados provenientes de Puerto Matilde, quienes están siendo atendidos en la Casa Campesina con apoyo de la Secretaría de Gobierno, la Personería, Planeación y la Oficina de Víctimas.

Las autoridades locales temen que el número de familias desplazadas aumente en las próximas horas, ante la persistencia de los enfrentamientos y la disputa territorial entre los grupos armados.

Organizaciones sociales habían advertido desde hace meses sobre la expansión del Clan del Golfo hacia el valle del río Cimitarra y el nordeste antioqueño, territorio en disputa con el ELN, lo que hoy se refleja en esta nueva escalada de violencia.

Líderes comunitarios denunciaron que la confrontación está destruyendo la tranquilidad del territorio y exponiendo a comunidades campesinas, jóvenes y niños a una situación de alto riesgo.

“En medio del susto, mucha gente optó por lanzarse al agua para que no les cayeran las balas. Las balas atravesaban paredes, golpeaban el suelo… Estábamos demasiado cerca”, relató uno de los desplazados.

Desde diferentes sectores se ha elevado un llamado urgente al Gobierno Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General y organismos internacionales para que actúen de inmediato y hagan presencia efectiva en la zona.

Las comunidades exigen la adopción de medidas de protección que garanticen su permanencia en el territorio y respeten su vida e integridad, conforme lo establece el Derecho Internacional Humanitario.

La situación sigue siendo monitoreada por las autoridades locales, mientras organizaciones de derechos humanos insisten en la necesidad de soluciones de fondo que frenen la violencia y protejan a los habitantes del Magdalena Medio.