Después de un día agitado el 8 de febrero, cuando el Palacio de Justicia fue asediado, la Corte Suprema de Justicia hará su tercer intento de 2024 para elegir al nuevo fiscal general de la Nación en Colombia. Esta sesión del alto tribunal, conocida como sala plena, se lleva a cabo en medio de fuertes presiones tanto dentro como fuera del país. La Corte ha enfrentado manifestaciones y hostilidades internas, así como comentarios de organismos multilaterales como la OEA, la ONU y la CIDH. En este contexto, la independencia se ha convertido en una palabra clave para el tribunal, enarbolada por sus magistrados para reclamar respeto por su trabajo.

El concepto de independencia es fundamental para una democracia basada en la separación de poderes. Sin embargo, las marchas convocadas por el presidente Gustavo Petro para exigir la elección inmediata de una fiscal de su terna han puesto en peligro este principio. El 8 de febrero, los manifestantes sitiaron el Palacio de Justicia e impidieron la libre locomoción de los magistrados. Este hecho fue presenciado por todo el país y provocó comentarios de solidaridad por parte de la Corte Constitucional. Sin embargo, el presidente Petro negó los incidentes, afirmando que se trataba de «información mentirosa». Con el objetivo de evitar que esto se repita, las autoridades de la capital han preparado un amplio operativo de seguridad que garantizará la tranquilidad en las marchas y la libre movilidad de los magistrados.

Más de 1.800 policías estarán presentes para garantizar la seguridad durante las marchas y se implementará un plan de movilidad para aislar el sector del Palacio de Justicia. El comandante de la Policía Metropolitana, general José Daniel Gualdrón, explicó que se cerrarán algunas vías para garantizar que solo los trabajadores del recinto puedan acercarse e ingresar. Estas medidas buscan asegurar que tanto la ciudadanía como el alto tribunal puedan expresarse y deliberar con independencia.

Sin embargo, las presiones internacionales a las que se enfrenta la Corte Suprema no pueden ser evitadas por estas medidas de seguridad. La OEA, la ONU y la CIDH han manifestado su interés en el proceso de elección del fiscal general en Colombia, lo cual ha generado preocupación en el tribunal. Es inusual que estos organismos soliciten una decisión específica a la máxima instancia judicial de un país. Además, se considera que tienen asuntos más urgentes que atender en todo el continente americano y en el mundo.

En medio de esta tensión, los 23 magistrados de la Corte Suprema se reunirán para elegir entre Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo, las ternadas por el presidente Petro para reemplazar a Francisco Barbosa en la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, ninguna de ellas será elegida si no obtiene al menos 16 votos. Mientras tanto, Martha Mancera, quien ocupaba el cargo de manera interina, ha generado resquemores en el Gobierno. Aunque el presidente Petro presentó la terna en agosto del año pasado, es importante entender que el proceso de elección del fiscal no comienza con la presentación de la terna, sino con las deliberaciones de los magistrados, que comenzaron el 25 de enero pasado. Por lo tanto, la Corte lleva menos de un mes debatiendo sobre la terna propuesta por Petro.

Es importante destacar que no es inusual que la Corte Suprema de Justicia no elija al fiscal en las primeras rondas de votación. Esto no debe interpretarse como una actitud en contra de un gobierno específico, ya sea de izquierda o de derecha. En 2009, el alto tribunal tuvo 26 votaciones fallidas y no eligió fiscal durante más de un año y medio. Incluso devolvió las ternas enviadas por el entonces presidente Álvaro Uribe, quien terminó su mandato sin que la Corte hubiera seleccionado a un fiscal.

La elección del nuevo fiscal general de la Nación en Colombia se lleva a cabo en un contexto de presiones políticas y tensiones internacionales. La Corte Suprema de Justicia busca mantener su independencia y garantizar un proceso transparente y justo. A pesar de las dificultades, es fundamental que se respete la separación de poderes y se permita que el alto tribunal realice su labor sin presiones, hostigamientos o amenazas.