derechos humanos
JEP imputa a 12 máximos responsables por toma de Barrancabermeja
La decisión señala una alianza entre fuerza pública, paramilitares y Ecopetrol.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) presentó la primera decisión dentro del subcaso que investiga la toma paramilitar de Barrancabermeja, ocurrida en el marco de los hechos que son analizados dentro del Macrocaso 08.
La investigación, que lleva cerca de ocho años, establece preliminarmente la responsabilidad de 12 personas señaladas como máximos responsables de los hechos investigados.
De acuerdo con lo expuesto durante el proceso, la toma habría sido posible mediante una alianza estratégica entre integrantes de la fuerza pública, grupos paramilitares y un funcionario del área de seguridad de Ecopetrol.
Entre las estructuras de la fuerza pública mencionadas en la investigación se encuentran integrantes de unidades de inteligencia, el Batallón de Artillería Nueva Granada, el Batallón de Contraguerrillas No. 45 y el comando especial de la Policía en Barrancabermeja.
La decisión también vincula a un funcionario relacionado con el área de seguridad de Ecopetrol, dentro de los hechos que son objeto de esclarecimiento por parte de la JEP.
Esta corresponde a la primera decisión del subcaso, por lo que el proceso continuará con nuevas actuaciones judiciales y de investigación. Los comparecientes notificados cuentan con un plazo de 15 días para determinar si aceptan o no las imputaciones.
En caso de que alguno de los señalados no acepte la imputación, el proceso podrá avanzar hacia un juicio adversarial, de acuerdo con el procedimiento establecido por la JEP.
Para las víctimas de Barrancabermeja, sin embargo, la decisión representa un avance, pero también deja interrogantes sobre la magnitud de los hechos y el número de personas que pudieron haber tenido participación en ellos.
Familiares de las víctimas consideran que los 12 imputados resultan insuficientes frente a lo ocurrido, especialmente porque durante las audiencias se habría conocido la participación de otros integrantes de la fuerza pública que, en procesos de la justicia ordinaria, fueron absueltos.
Las víctimas también cuestionaron que no todos los casos y personas afectadas hayan quedado reflejados en esta primera decisión y solicitaron que las investigaciones continúen para determinar responsabilidades en hechos que todavía permanecen sin esclarecer.
Otro de los reclamos está relacionado con la necesidad de establecer si existieron responsabilidades de personas ubicadas en niveles superiores de decisión, así como determinar el alcance de las órdenes que habrían recibido algunos de los involucrados.
En ese sentido, los familiares señalaron que algunos de los posibles responsables de niveles superiores ya habrían fallecido, una circunstancia que, según las víctimas, hace aún más necesario avanzar en la reconstrucción de los hechos y el esclarecimiento de la verdad.
La decisión de la JEP también mantiene vigente la exigencia de las familias para avanzar en la búsqueda de personas desaparecidas y establecer qué ocurrió con las víctimas cuyos casos todavía no han sido plenamente esclarecidos.
Para las organizaciones y familiares que han acompañado el proceso, la imputación constituye un avance en materia de verdad y justicia, pero no representa el cierre de la investigación sobre la toma paramilitar de Barrancabermeja.
El proceso continuará con las actuaciones correspondientes y con la posibilidad de que los comparecientes acepten las imputaciones o enfrenten un escenario de juicio adversarial, mientras las víctimas esperan que la JEP amplíe el esclarecimiento de los hechos y determine nuevas responsabilidades.
