Dian ordena millonario pago de IVA a Ecopetrol y desata controversia tributaria

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ordenó a Ecopetrol el pago retroactivo de IVA por más de 22 billones de pesos, correspondientes a importaciones de combustibles realizadas entre 2022 y 2024. La medida ha generado un intenso debate legal y económico, mientras la petrolera estatal advierte que el cobro pone en riesgo su estabilidad financiera, 5 de mayo de 2025.

Ecopetrol enfrenta impacto financiero histórico

El cobro inicial, contenido en tres Requerimientos Especiales Aduaneros (REA), exige el pago del 19 % de IVA por la importación de gasolina en años anteriores. Según la Dian, el monto totaliza 9,4 billones de pesos, incluyendo 6,1 billones a cargo de Ecopetrol, 1 billón de la Refinería de Cartagena y 2,3 billones en intereses moratorios. Si se suma el mismo criterio aplicado al diésel (ACPM

), la cifra podría alcanzar los 22 billones de pesos.

Ecopetrol ha alertado que esta carga fiscal comprometería su liquidez y obligaría a recortes en inversión, exploración y operaciones, además de afectar el empleo y la producción nacional de hidrocarburos. También advirtió sobre un posible desplome en el valor de sus acciones y la pérdida de confianza entre inversionistas.

USO critica a la Dian y habla de “reforma tributaria encubierta”

La Unión Sindical Obrera (USO), principal sindicato del sector, calificó el cobro como un intento de “estrangular financieramente” a la empresa y lo comparó con una “reforma tributaria encubierta”. Según la USO, la Dian estaría aplicando retroactivamente una interpretación fiscal sin aprobación legislativa, lo que contraviene el principio de legalidad tributaria.

“El cobro no solo afecta a Ecopetrol; pone en jaque la estabilidad energética y e

conómica del país”, afirmó el gremio, que pidió suspender la medida y abrir un debate público sobre su legalidad y conveniencia.

Debate legal y económico

El caso podría escalar a instancias judiciales y abrir una discusión sobre los límites de la facultad tributaria de la Dian. Expertos advierten que un cambio retroactivo de criterio sin reforma aprobada por el Congreso podría sentar un precedente riesgoso para otras empresas estatales y privadas.