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Nacional

Fiscalía solicita condena de hasta 11 años de prisión por narcotráfico a embajador de Colombia en Nicaragua

La fiscal delegada Marlenne Orjuela Rodríguez pide a la Corte Suprema de Justicia condenar al embajador de Colombia en Nicaragua tras encontrarse cocaína en su posesión.

La Fiscalía General de la Nación ha solicitado a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia que condene a León Fredy Muñoz, actual embajador de Colombia en Nicaragua, por el delito de narcotráfico. La fiscal primera delegada ante el alto tribunal, Marlenne Orjuela Rodríguez, propuso una pena de entre 108 y 132 meses de prisión para Muñoz, en consideración de la gravedad del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El caso contra Muñoz se remonta al 31 de mayo de 2018, cuando fue detenido en el aeropuerto José María Córdoba de Medellín con 146 gramos de cocaína. Posteriormente, en 2020, se descubrieron otros 200 gramos de cocaína en su maleta. La fiscal Orjuela Rodríguez argumentó que la pena solicitada corresponde al mínimo estipulado por la ley para este tipo de delitos.

En su defensa, Muñoz ha sostenido que la situación es un “montaje” orquestado por sus rivales políticos. Afirmó que su implicación en el caso es parte de una conspiración liderada por la familia Luis Suárez, y que las acusaciones en su contra se deben a su compromiso político y a denuncias previas contra figuras políticas en Bello. “Nunca he conocido ni consumido cocaína; hago un llamado a que se realicen pruebas de polígrafo y se investigue a fondo”, dijo Muñoz durante la audiencia.

Su abogado, Alejandro Sánchez, solicitó la absolución de su cliente, alegando que el caso está basado en un complot político. Sánchez argumentó que el traslado de cocaína desde Bogotá a Medellín no tiene lógica y cuestionó la coherencia de la acusación, dado que Muñoz ya había alcanzado una posición de relevancia política con significativas ganancias.

Además de la acusación de narcotráfico, Muñoz enfrenta una investigación adicional por la Procuraduría General de la Nación debido a su participación en una marcha sindicalista en apoyo al régimen de Daniel Ortega, que ha añadido más presión sobre su situación legal.

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