Menos de la mitad de los estudiantes rurales en Colombia terminan primaria

La educación en las zonas rurales de Colombia enfrenta desafíos críticos que afectan la continuidad educativa y la calidad del aprendizaje, según un reciente informe del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana. El estudio revela que menos de la mitad de los estudiantes que ingresan a primero de primaria en áreas rurales logran completar su ciclo educativo hasta grado once.

El informe, titulado “Calidad Educativa en Zonas Rurales de Colombia: Un Camino por Recorrer”, destaca que la cobertura educativa en estas zonas es insuficiente. En el nivel preescolar, solo el 47% de los niños tienen acceso a educación, mientras que en el nivel medio, la cobertura es del 46%. Aunque la educación básica primaria y secundaria alcanza un 64%, la alta tasa de deserción escolar sigue siendo un problema persistente.

Además, la calidad de la educación en las zonas rurales presenta una brecha significativa en comparación con las áreas urbanas. Los resultados de las pruebas Saber 11 muestran que los estudiantes rurales obtienen 26 puntos menos que sus pares urbanos y 41.3 puntos menos en los municipios de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Esta discrepancia evidencia una diferencia considerable en la calidad educativa entre las zonas rurales y urbanas.

El informe también subraya problemas estructurales como la falta de docentes cualificados y la inestabilidad en los contratos. Aproximadamente el 42% de los docentes en áreas rurales tienen contratos provisionales, frente al 27% en áreas urbanas. La ausencia de personal capacitado afecta negativamente la enseñanza y el desarrollo académico de los estudiantes.

Las condiciones infraestructurales y de servicios básicos en las sedes educativas rurales son otra área de preocupación. El 15.5% de las escuelas rurales no tiene acceso a electricidad, y en departamentos como Vichada y La Guajira, este porcentaje puede llegar al 68%. Solo el 40% de las sedes rurales cuentan con agua potable constante, mientras que el 69.4% carecen de acceso a internet. Esta falta de servicios básicos limita significativamente la capacidad de los estudiantes para aprender y participar en actividades académicas.

El informe también aborda la falta de apoyo psicosocial para los estudiantes, destacando que casi la mitad de las escuelas rurales no cuentan con profesionales dedicados a esta área. El aumento de embarazos en niñas de entre 10 y 14 años durante la pandemia agrava aún más la situación, afectando la continuidad y el bienestar educativo de los jóvenes.

Para enfrentar estos retos, el informe y Save the Children estiman que se necesita una inversión anual de $4.9 billones hasta 2030. Esta inversión debería cubrir programas de jornada completa, alimentación escolar, formación docente, mejoras en infraestructura, transporte, apoyo psicosocial y programas de prevención del embarazo adolescente.

Entre las recomendaciones propuestas están la creación de un fondo “Maestro Joven” para atraer licenciados a zonas rurales y la optimización de la infraestructura educativa existente. También se sugiere una coordinación efectiva entre entidades gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil, así como la modernización en el uso de tecnologías y sistemas de información para mejorar el monitoreo y la asignación de recursos.

El informe concluye que para abordar la crisis educativa en las zonas rurales de Colombia se requiere un enfoque integral y presupuestos específicos que atiendan las múltiples facetas del problema. Es crucial promover una coordinación efectiva y priorizar el uso de tecnologías modernas para mejorar las condiciones educativas y cerrar las brechas existentes.