Un joven vigilante de tan solo 22 años perdió trágicamente la vida en un violento ataque perpetrado por una peligrosa banda criminal en el sector de San Andresito de San José, en Bogotá. El lamentable hecho ocurrió cuando el guarda de seguridad advirtió a un grupo de aproximadamente 8 delincuentes que cesaran su intento de robo de autopartes en la zona.

Lejos de acatar la advertencia, los criminales, presuntamente bajo efectos de drogas y alcohol, respondieron con una brutal agresión a cuchillo contra el valiente vigilante. La víctima quedó gravemente herida en plena vía pública hasta fallecer posteriormente en el lugar de los hechos.

Horas antes, el mismo grupo delictivo había agredido violentamente a un vendedor informal que intentó evitar los robos, dejándolo herido tras atacarlo también con arma blanca. Las autoridades investigan intensamente los hechos con apoyo de videos de seguridad para lograr la identificación y captura de los responsables.

Este crudo crimen que enluta a la capital ha generado indignación ciudadana y reavivado preocupaciones sobre la creciente inseguridad en Bogotá. En el primer trimestre se reportaron 887 hurtos a vehículos y un alarmante aumento del 11,8% en casos de lesiones personales.

En un intento por frenar la ola de violencia, se esperan acciones contundentes de las autoridades para brindar mayor seguridad a los bogotanos y evitar que se repitan hechos tan lamentables como el asesinato de este joven vigilante a manos de una despiadada banda criminal.

En la vía Bucaramanga-Barrancabermeja se registran dificultades en la movilidad debido a un bloqueo realizado en protesta por la prohibición de vehículos pesados. El cierre, organizado por transportistas y miembros de la comunidad, tiene como principal demanda la eliminación de las restricciones impuestas desde octubre del año anterior.

La restricción de movilidad para vehículos pesados y buses de gran tamaño fue implementada luego de un deslizamiento en el sector Angelinos, que también afectó la construcción de la doble calzada debido a una presunta falla geológica y un coluvión. Desde entonces, la Concesión Ruta del Cacao ha restringido el paso de estos vehículos, obligándolos a realizar recorridos más largos por el municipio de San Alberto, en el Cesar, lo que incrementa los tiempos de viaje en más de tres horas por trayecto.

Los comerciantes ubicados en este tramo de la carretera han reportado pérdidas debido a la disminución del flujo de transportistas. Por otro lado, los conductores han sufrido pérdidas económicas por el aumento en los costos de fletes y el consumo de combustible y llantas.

El Mayor Emmanuel Bolívar, jefe de la Policía de Tránsito en Santander, ha advertido sobre las demoras y congestiones vehiculares que pueden surgir a raíz de esta situación. Se insta a la población a tomar precauciones adicionales para garantizar la seguridad y fluidez del tráfico.

La captura de Orlando Meza Quiñones, acusado de tráfico de menores y abuso sexual, se llevó a cabo en San Gil, Santander, como resultado de un trabajo conjunto entre diferentes entidades encargadas de la seguridad y la protección de los derechos de los menores. Según informes policiales, Meza Quiñones habría desembolsado una suma de 7 millones de pesos en efectivo a los familiares de la víctima, residentes en el departamento de La Guajira, durante el año 2023. Posteriormente, trasladó a la menor hasta su lugar de residencia en Santander, donde presuntamente cometió el abuso en su contra.

El Coronel Carlos Efrén Fuelagán Cabrera, Comandante del Departamento de Policía de Santander, destacó la colaboración ciudadana que permitió avanzar en la investigación. «Gracias a la información suministrada por la ciudadanía ante la Comisaría de Familia del municipio de Aratoca, la Policía Nacional bajo la dirección Fiscalía General de la Nación, adelantó la recolección de acervo probatorio, en coordinación con el cuerpo Técnico de Investigación, logrando el acopio de los elementos materiales de prueba y evidencia física, conducente para la expedición de la orden de captura, requerimiento judicial que se materializó en vía pública en el municipio de San Gil», señaló el Coronel.

La intervención de la Policía Nacional y la Comisaría de Familia del municipio de Aratoca no solo condujo a la captura del individuo, sino que también se enfocó en restablecer y garantizar los derechos de la menor afectada. Orlando Meza Quiñones fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que tras evaluar el caso, determinó su medida de aseguramiento en un centro carcelario.