La violencia vuelve a sacudir a Bucaramanga con el brutal asesinato de Juan Carlos Casanova Ochoa, un reconocido prestamista y comerciante de la ciudad, quien fue atacado a tiros por dos individuos en moto mientras realizaba labores de reparación en su establecimiento ‘Repuestos Cassanova’, ubicado en el barrio Girardot.

El trágico suceso ocurrió alrededor de las 8:25 a.m. del martes 23 de abril, en la calle 26 con carrera 11. Según testigos, los sicarios abrieron fuego contra Casanova sin mediar palabra, propinándole al menos seis disparos antes de huir del lugar. A pesar de los esfuerzos médicos, la víctima falleció horas después en la Clínica Chicamocha debido a las múltiples heridas de bala que presentaba en diferentes partes del cuerpo.

Las autoridades se encuentran investigando los posibles móviles detrás de este violento crimen, barajando hipótesis como un ajuste de cuentas o extorsión. El CTI de la Fiscalía y la Sijin están a cargo del caso, recabando pruebas y testimonios para esclarecer los hechos.

Juan Carlos Casanova, de 46 años y residente del barrio Cabecera del Llano, era conocido en la comunidad por su actividad como prestamista, ofreciendo dinero únicamente a personas de confianza. Además, era propietario del local ‘Repuestos Cassanova’, donde ocurrió el ataque.

Su muerte ha generado conmoción y temor entre los bumangueses, quienes exigen justicia y medidas contundentes por parte de las autoridades para fortalecer la seguridad en las calles de la ciudad. La Policía Metropolitana de Bucaramanga continúa con las investigaciones para dar con los responsables de este crimen que enluta a la capital santandereana.

Mientras tanto, el cuerpo de Casanova será trasladado por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación al departamento de Medicina Legal para realizar los procedimientos correspondientes.

Este nuevo episodio de violencia pone de manifiesto la necesidad de redoblar esfuerzos para garantizar la seguridad ciudadana y prevenir la acción de grupos delincuenciales que atentan contra la vida y la tranquilidad de la población.

La reforma pensional impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro ha dado un paso significativo al ser aprobada en segundo debate por la plenaria del Senado de la República. Con 49 votos a favor y 4 en contra, el proyecto ahora se dirige a la Cámara de Representantes, donde deberá superar otro debate antes de llegar a la sanción presidencial para convertirse en Ley de la República.

Durante las discusiones, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, defendió la rigurosidad de los estudios realizados y aseguró que el gobierno estará listo para implementar la reforma a partir del 1 de julio de 2025. Por su parte, la senadora Martha Peralta, coordinadora ponente, calificó la aprobación como una victoria para los adultos mayores más desamparados del país.

Entre los aspectos destacados por el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se encuentra el bono pensional de $250.000 para más de tres millones de adultos mayores de 80 años que nunca cotizaron, así como la reducción de las semanas de cotización requeridas para acceder a la pensión: 900 para los hombres y 750 para las mujeres.

Sin embargo, la reforma ha generado preocupación entre algunos sectores. La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, advirtió sobre el impacto que tendrá en todos los colombianos y cuestionó las cuentas presentadas por el gobierno. Según ella, el 68% de los recursos provienen de la inversión realizada por los fondos privados, y el régimen de prima media no ha resultado favorable para los trabajadores de salario mínimo.

El abogado Daniel Briceño, concejal de Bogotá, fue más allá y calificó la reforma como una expropiación del ahorro de millones de colombianos, denunciando la supresión de la libertad de elección y la incompetencia del Estado para administrar los recursos.

Otro punto polémico es la designación del Banco de la República como administrador del fondo de ahorro pensional. El senador Miguel Uribe Turbay advirtió sobre la politización de una de las instituciones más serias del país, argumentando que su misión principal es mantener una inflación baja y estable, no gestionar fondos pensionales.

A medida que el proyecto avanza en el Congreso, el debate se intensifica y las preocupaciones sobre su impacto en los ahorros de los colombianos y la estabilidad del sistema pensional se hacen más evidentes. La reforma pensional de Petro enfrenta un camino desafiante para convertirse en ley, mientras los críticos advierten sobre los riesgos y las consecuencias de su implementación.

En un hecho que ha conmocionado a la ciudad de Medellín, el subteniente Juan Camilo Moreno Foronda, de 26 años, fue asesinado en la madrugada de este 23 de abril en el barrio Laureles, comuna 11 de la capital antioqueña. El joven oficial, integrante del comando de inteligencia de la cuarta brigada del Ejército, se encontraba retirando dinero de un cajero cuando fue sorprendido por sujetos que le hurtaron su camioneta y le propinaron un disparo que le causó la muerte de manera instantánea.

Según el comunicado emitido por el Comando de la Séptima División del Ejército Nacional, Moreno Foronda se convirtió en víctima de un violento robo que terminó en tragedia. Los delincuentes, tras despojarlo de su vehículo, no dudaron en accionar un arma de fuego contra el subteniente, quitándole la vida en cuestión de segundos.

La Séptima División expresó su profundo pesar por el crimen cometido contra uno de sus integrantes y anunció que se llevará a cabo una investigación especial para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables. Las autoridades han desplegado un operativo en la zona para recolectar evidencias y testimonios que permitan identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales de este repudiable acto.

El asesinato del subteniente Juan Camilo Moreno Foronda ha generado indignación y repudio en la sociedad medellinense, que clama por justicia y medidas contundentes para frenar la ola de violencia que azota a la ciudad. Este trágico suceso pone de manifiesto la necesidad de fortalecer las estrategias de seguridad y prevención del delito, especialmente en zonas consideradas de alto riesgo.

Mientras avanzan las investigaciones, la Séptima División del Ejército Nacional y la familia del subteniente Moreno Foronda esperan que este crimen no quede en la impunidad y que los responsables sean llevados ante la justicia para responder por sus actos. La pérdida de un joven oficial en circunstancias tan lamentables enluta no solo a la institución castrense, sino a toda la sociedad colombiana.