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25 años de la masacre de Barrancabermeja: un llamado a la memoria y la justicia

El objetivo de los victimarios era sembrar el terror y demostrar su poder en una zona que consideraban estratégica para sus intereses económicos y militares.

El 28 de febrero de 2024 se cumplen 25 años de uno de los episodios más dolorosos y sangrientos de la historia de Barrancabermeja, la ciudad petrolera de Colombia. Ese día, un grupo de paramilitares de las Autodefensas de Santander y el Sur del Cesar (Ausac) asesinaron a ocho personas y desaparecieron a otras dos en varios barrios de la ciudad. Las víctimas fueron escogidas al azar, sin importar su edad, género, ocupación o afiliación política. El objetivo de los victimarios era sembrar el terror y demostrar su poder en una zona que consideraban estratégica para sus intereses económicos y militares.

La masacre fue ordenada por Guillermo Cristancho Acosta, alias ‘Camilo Morantes’, el principal jefe de las Ausac, quien tenía una alianza con el cartel de Cali y el Bloque Central Bolívar de las Auc. Según testimonios de ex paramilitares, ‘Camilo Morantes’ perpetró la masacre para sacar a la guerrilla del negocio del contrabando de gasolina y para vengarse de un atentado que el Eln había realizado contra él unos días antes¹. En noviembre de 1999, Carlos Castaño mandó matar a ‘Camilo Morantes’ y fusionó las Ausac al Bloque Central Bolívar.

La masacre del 28 de febrero de 1999 no fue un hecho aislado, sino que se inscribe en una serie de violaciones sistemáticas de los derechos humanos que sufrió la población de Barrancabermeja durante el conflicto armado. Entre 1997 y 2003, las Ausac y otros grupos paramilitares cometieron más de 20 masacres en la ciudad, dejando un saldo de más de 200 muertos y más de 100 desaparecidos². Además, se registraron miles de casos de amenazas, torturas, desplazamientos forzados, extorsiones y reclutamientos ilegales. Estos hechos fueron perpetrados con la complicidad o la omisión de agentes del Estado, como miembros de la fuerza pública, funcionarios públicos y políticos locales.

A pesar del horror y el dolor, las víctimas y sus familiares no se han rendido en su búsqueda de verdad, justicia, reparación y no repetición. Desde hace 25 años, el Colectivo de Víctimas del 28 de Febrero ha liderado un proceso de resistencia pacífica, organización social y memoria histórica. El colectivo ha realizado actos conmemorativos, pedagógicos y culturales para honrar a las víctimas, sensibilizar a la sociedad y exigir al Estado el reconocimiento de sus derechos. Asimismo, ha participado en escenarios de justicia transicional, como la Ley de Justicia y Paz y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Sin embargo, el camino de las víctimas no ha sido fácil ni exento de riesgos. A lo largo de estos años, han tenido que enfrentar la impunidad, la estigmatización, la revictimización y la persecución. Según el colectivo, solo uno de los responsables de la masacre ha sido condenado, mientras que los demás siguen libres o han muerto³. Además, las víctimas han recibido amenazas de muerte por parte de grupos armados ilegales que aún operan en la región. Por eso, el colectivo ha solicitado medidas de protección y garantías de seguridad para poder ejercer su labor.

Hoy, a 25 años de la masacre, las víctimas siguen clamando por una paz verdadera y duradera, basada en el respeto a la vida y a la dignidad humana. Su voz es un testimonio de valentía, esperanza y solidaridad. Su lucha es un ejemplo de cómo se puede transformar el dolor en acción colectiva. Su memoria es un legado para las generaciones presentes y futuras. Su mensaje es un llamado a la sociedad colombiana para que no olvide, para que no se repita, para que se haga justicia.

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