Mandatarios locales decidieron no acatar la medida y mantener actividades laborales con normalidad El sorpresivo decreto emitido por el presidente Gustavo Petro en la tarde del jueves 18 de abril de 2024, que establecía el viernes 19 de abril como un día cívico, generó controversia y rechazo por parte de varios alcaldes y gobernadores del país.

A pesar de que la orden presidencial buscaba que el sector público cesara sus actividades laborales durante este día, con el objetivo de contribuir a mitigar la crisis de sequía mediante el ahorro de agua y energía, la medida no fue acatada por varios mandatarios locales. Entre los alcaldes que expresaron su desacuerdo y decidieron no implementar el día cívico en sus jurisdicciones se encuentran Federico ‘Fico’ Gutiérrez, de Medellín; Alejandro Éder, de Cali; y Alejandro Char, de Barranquilla.

Estos líderes municipales comunicaron a través de sus redes sociales que el viernes 19 de abril las actividades laborales de todas las dependencias en sus respectivas administraciones se llevarían a cabo con normalidad. La decisión de estos mandatarios locales de no acatar el decreto presidencial ha generado un debate sobre la autonomía de los entes territoriales y la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno en situaciones de emergencia.

Algunos expertos señalan que la medida del presidente Petro, aunque bien intencionada, pudo haber sido implementada de manera apresurada y sin suficiente concertación con los líderes regionales. Ahora, se espera que el gobierno nacional y los mandatarios locales entablen un diálogo para encontrar soluciones conjuntas y efectivas frente a la crisis de sequía, buscando un equilibrio entre las necesidades de ahorro de recursos y la continuidad de las actividades esenciales en cada territorio.

El expresidente de la República y exsenador Álvaro Uribe Vélez se enfrentará a un proceso judicial por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal, según informó la Fiscalía General de la Nación el 9 de abril de 2024.

Tras dos solicitudes de preclusión que no fueron concedidas por los jueces de Bogotá, la entidad judicial decidió llevar adelante el caso, lo que marcó un hito significativo en la historia política de Colombia. Este paso legal se produce luego de deliberaciones y una investigación por parte de la fiscalía, que concluyó que existen suficientes pruebas para justificar el juicio contra el exjefe de estado.

Según lo establecido en el Código Penal colombiano, los delitos de fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal conllevan penas severas que oscilan entre los 6 y 12 años de cárcel. Además de la privación de libertad, quienes sean hallados culpables de estos delitos enfrentarán multas significativas y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante un período considerable.

El fraude procesal, según el artículo 453 del Código Penal, se define como el acto de inducir en error a un servidor público para obtener una sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley. Esta acción conlleva no solo penas de prisión, sino también multas y la inhabilitación para ejercer funciones públicas.

Por otro lado, el soborno en actuación penal, como se define en el artículo 444 del Código Penal, implica la entrega o promesa de dinero u otras ventajas a un testigo de un hecho delictivo con el fin de influir en su testimonio o hacer que se retracte de su declaración. Este tipo de conducta es especialmente grave, ya que socava la búsqueda de la verdad y obstaculiza la administración de justicia.

El proceso judicial que enfrentará Álvaro Uribe Vélez no solo será un juicio en el tribunal, sino que también será un juicio en la opinión pública. Durante décadas, el exmandatario ha sido una figura polarizadora en Colombia, admirado por algunos como un líder fuerte y carismático, mientras que otros lo han criticado por sus políticas y métodos.

Ahora, su legado político está en juego mientras se enfrenta a estas graves acusaciones. Es importante destacar que, a pesar de las acusaciones en su contra, Álvaro Uribe Vélez sigue gozando de la presunción de inocencia, un principio fundamental en cualquier sistema judicial justo y democrático. Sin embargo, el proceso judicial que se avecina será una prueba tanto para él como para el sistema judicial colombiano en su conjunto.

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ha enviado una carta al expresidente Álvaro Uribe en respuesta a los videos que han circulado desde su regreso a Colombia. En esta carta de dos páginas, Mancuso niega las acusaciones de conspiración en su contra y anuncia que presentará una denuncia penal contra Uribe por difundir información falsa. Mancuso exige que Uribe presente pruebas que respalden sus afirmaciones sobre un complot en su contra.

Mancuso, responsable de numerosos actos criminales, afirma que todas sus declaraciones sobre el papel de Uribe en el conflicto armado se han realizado en sede judicial. Según Mancuso, durante el mandato de Uribe como gobernador de Antioquia y en su primer mandato presidencial, hubo cooperación y connivencia entre las instituciones lideradas por Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Las tensiones entre Uribe y Mancuso se remontan a la década de los 90. Ambos surgieron como figuras destacadas en ese período, Uribe por sus logros como gobernador de Antioquia y Mancuso por sus acciones criminales y de exterminio. Se encontraron en 2002, cuando Uribe, ya presidente de la República, creó la Ley de Justicia y Paz para la desmovilización de los grupos paramilitares, incluyendo a Mancuso. Sin embargo, en 2008, Uribe firmó la extradición de Mancuso, lo que generó tensión entre ambos.

Dieciséis años después, Mancuso regresó a Colombia y está en prisión, pero se espera que sea liberado próximamente por solicitud del gobierno actual y de su defensa. Sin embargo, su excarcelación ha sido obstaculizada por los magistrados de Justicia y Paz, quienes consideran que Mancuso aún tiene pendientes más de 65,000 crímenes contra las víctimas.

Mancuso cree que las trabas para su liberación están influenciadas por Uribe, quien continúa difamándolo y buscando perjudicarlo. Mancuso le pide a Uribe que cese su campaña de linchamiento social y lo invita a comparecer ante la justicia para contar su verdad. Mancuso afirma que es hora de que ambos se enfrenten al sistema de justicia y pasen a ocupar su lugar en la historia de Colombia.

Es importante recordar que Mancuso fue condenado en Estados Unidos por lavado de activos y narcotráfico, y que sus crímenes superaron los límites del Derecho Internacional Humanitario debido a la crueldad de las torturas y masacres contra la población civil en diferentes regiones de Colombia, especialmente en Córdoba, Norte de Santander, Bolívar y Antioquia.