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Corte Suprema llama a indagatoria a Richard Aguilar

El ex gobernador es investigado por presuntas irregularidades en contratos celebrados durante su administración entre 2014 y 2015.

La Corte Suprema de Justicia, abrió investigación al senador y exgobernador de Santander Richard Aguilar, por presuntas irregularidades en contratos suscritos durante su mandato en la Gobernación entre 2014 y 2015.

Richard Aguilar, ex gobernador de Santander / Archivo

El político, tendrá que responder por su presunta implicación en el cobro de comisiones de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, interés ilícito en la celebración de contratos y asociación para la comisión de delitos contra la administración pública.

Algunos de los contratos por los que le investiga, está el reforzamiento del estadio en la Villa Olímpica de Bucaramanga, que fue celebrado en el año 2015; tres contratos para el mejoramiento de la malla vial en 2014; y un contrato para la ejecución del Plan de Alimentación Escolar.

El alto tribunal, investiga la presunta implicación del exgobernador para que los contratos fueran direccionados de manera irregular. Frente a la citación, Aguilar se pronunció a través de su cuenta de Twitter afirmado que la considera «una gran oportunidad para la verdad y para defender con el alma mis actuaciones».

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Actualidad

Secretario ambiental de Santander promueve el reciclaje en el Día Mundial del Reciclaje

Invitación especial a la comunidad para separar adecuadamente los residuos y apoyar a los recicladores de oficio

En el marco del Día Mundial del Reciclaje, el secretario ambiental del departamento de Santander ha realizado una invitación especial a la comunidad para promover prácticas de separación de residuos. Siguiendo la resolución 2184 del 2019, se recomienda separar los residuos en bolsas blancas para los aprovechables, bolsas negras para los no aprovechables y bolsas verdes para los residuos orgánicos.

El departamento de Santander cuenta con aproximadamente 8,000 recicladores de oficio, cuyo esfuerzo diario contribuye al mejoramiento del entorno ambiental. En este sentido, se hace un llamado a respetar y apoyar el trabajo de estos recicladores, considerando que el 80% de las 6,000 toneladas diarias de basura producidas en el departamento son aprovechables.

Para fomentar aún más la labor de los recicladores, se ha anunciado una sorpresa: a partir del 5 de junio se abrirá una convocatoria para la entrega de motocarros a las asociaciones de recicladores. Se destinarán seis motocarros para facilitar y mejorar su trabajo diario.

El mensaje del secretario ambiental enfatiza la importancia de seguir las tres erres: reducir, reciclar y reutilizar, como clave para el éxito de estas iniciativas. En Santander, la protección del medio ambiente va de la mano con el bienestar humano, y es tiempo de tomar acción.

 

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Actualidad

Damnificados de ciénaga del Opón fueron caracterizados para ayudas

 Más de 150 familias del corregimiento han sido evaluadas en respuesta a las recientes afectaciones.

La Subsecretaría de Gestión del Riesgo ha llevado a cabo una caracterización de más de 150 familias en el corregimiento de Ciénaga del Opón, con el objetivo de brindar apoyo y ayudas ante las consecuencias del aumento de las lluvias en la región. Este esfuerzo busca ofrecer asistencia a aquellos afectados por inundaciones, caída de árboles y movimientos de tierra.

En un reporte preliminar, se informó que durante la última noche se registraron nueve eventos en el casco urbano de Barrancabermeja, incluyendo inundaciones, caídas de árboles y deslizamientos de tierra. Equipos de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo están actualmente en Ciénaga del Opón realizando la caracterización de las viviendas afectadas por las precipitaciones recientes.

La comunidad ha sido alentada a comunicarse a través de la línea de emergencia para informar sobre eventos relacionados con el clima, tanto en el casco urbano como en la zona rural de Barrancabermeja. Los habitantes del corregimiento de Ciénaga del Opón y las veredas circundantes están siendo incluidos en el proceso de ayuda proporcionado por la Secretaría de Gestión del Riesgo.

Este esfuerzo de evaluación y asistencia también ha contado con la participación de funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, quienes han inspeccionado los cultivos afectados por las inundaciones. La colaboración interinstitucional busca ofrecer una respuesta integral a las necesidades de la comunidad afectada por las recientes adversidades climáticas.

 

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Actualidad

Se hará dentro de seis meses muro en lote posterior a La USO

 Se espera que el proyecto esté terminado para marzo de 2025, tras enfrentar desafíos técnicos y sociales.

Después de que comerciantes de la avenida 36 y miembros de la comunidad educativa expresaran preocupación por la presencia de habitantes en situación de calle en el lote posterior a la Universidad de la Salle, autoridades de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Infraestructura se reunieron con el consejo directivo de la Escuela Normal Superior Cristo Rey. El objetivo es implementar medidas para cerrar este espacio y beneficiar a más de 2050 estudiantes.

Durante la reunión, se destacó que el lote fue recientemente asignado a los habitantes de calle, pero su ocupación permanente ha generado inquietud en la comunidad. Se prevé que el cerramiento esté adjudicado en diciembre, con un tiempo de ejecución de tres meses y una finalización para marzo de 2025. Sin embargo, se han identificado desafíos técnicos que podrían retrasar el proceso.

La construcción del muro enfrentará obstáculos como la necesidad de realizar estudios de suelo y levantamientos topográficos, obtener permisos para la tala de árboles y cumplir con las especificaciones técnicas. La rectora de la institución agradeció el compromiso de las autoridades y destacó la importancia de la paciencia en este proceso.

Padres de familia expresaron su preocupación por la seguridad de los estudiantes y la necesidad de una solución urgente. Se espera que el proceso de construcción tenga una duración mínima de seis meses y que se garantice un cerramiento seguro que responda a las necesidades técnicas y arquitectónicas.

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