Juan Eugenio Valencia, de 53 años, rector del colegio técnico José Rueda de Palmar, Santander, ha sido acusado de someter a una estudiante de 13 años a múltiples abusos sexuales, aprovechando su posición de autoridad. Como resultado de estos vejámenes, la menor quedó embarazada.

La valiente adolescente decidió romper el silencio y denunciar el círculo de abusos al enterarse de su embarazo. Con el apoyo de su madre, acudió a la Policía y la Fiscalía para dar a conocer los hechos. Tras la confirmación médica del estado de la menor, se activó la ruta de atención a víctimas de violencia sexual.

Según la Fiscalía, los ataques ocurrieron en mayo de 2023, cuando el procesado presuntamente sometió a la víctima a reiterados abusos sexuales que resultaron en el embarazo. Esta situación llevó a la menor a buscar atención médica en el municipio.

La diputada de Santander, Diana Jiménez, reveló que Valencia ya contaba con denuncias previas de acoso sexual a menores. Al parecer, cuando se desempeñaba como rector de un colegio en Betulia, habría abusado de otra niña. En aquella ocasión, el sujeto se acercó a la familia para pedir perdón y los parientes no tomaron acciones legales.

A pesar del escándalo previo, la Secretaría de Educación optó por trasladar al implicado a otra institución, sin activar un plan de ruta para prevenir futuros abusos. La diputada Jiménez cuestionó esta decisión, señalando que cuando las personas presentan este tipo de conductas, suelen ser reincidentes.

El exrector ha sido enviado a la cárcel y, aunque no aceptó cargos, deberá responder por los delitos de acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo. Este caso ha generado indignación en la comunidad y evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y acción frente a los abusos sexuales en entornos educativos.

La familia de Elizabeth Flores Durán, la menor que perdió la vida en un accidente el pasado miércoles en el sector conocido como Paso Nivel en Barrancabermeja, aclaró a la comunidad que no están solicitando ayuda económica para cubrir los gastos del funeral.

El malentendido se generó cuando un número de cuenta bancaria se filtró en redes sociales, el cual había sido proporcionado por el titular para recibir una colaboración por parte de los compañeros de la Universidad de la mamá de la niña, quienes quisieron apoyarla en este difícil momento.

Según explicó el titular de la cuenta, en ese instante desconocían la existencia de seguros y se encontraban atendiendo las necesidades urgentes derivadas del accidente. Sin embargo, afirmó que los gastos fúnebres y del sepelio ya han sido cubiertos en su totalidad, por lo que no es necesario recibir más donaciones.

Aunque agradecen la intención de la comunidad de brindar ayuda en esta situación, la familia solicita que la imagen con el número de cuenta sea eliminada de las redes sociales para evitar confusiones. Asimismo, el titular se comprometió a devolver el dinero, que asciende a casi un millón de pesos, a quienes realizaron aportes y no pertenecen a la universidad.

La familia de la menor fallecida hace un llamado a la comunidad para que se elimine la publicación y se abstengan de transferir dinero a la cuenta bancaria, reiterando que los gastos ya han sido cubiertos. Agradecen el acompañamiento con oraciones en este difícil momento.

Un panfleto atribuido a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) que circula por redes sociales y WhatsApp ha generado preocupación entre líderes y lideresas sociales de Barrancabermeja, al contener amenazas directas contra sus vidas.

En el escrito intimidatorio, se señala a organizaciones como CREDHOS, ACVC, ASODESAMUBA, FEDEPESAN y juntas de acción comunal de proteger a las FARC, desconociendo su labor en defensa de los derechos humanos. Además, se mencionan los nombres de varios líderes sociales, entre ellos Ramón Abril, María del Socorro, Judith Zabaleta, José Pérez, Liliana Torres, Beatriz Alemán, Luis González, Tania Mogollón y Georgina Atehortúa, a quienes se les exige abandonar la ciudad en un plazo máximo de 48 horas.

Iván Madero Vergel, presidente de CREDHOS, denunció estas nuevas amenazas en el marco del Día Internacional de las Luchas Campesinas, resaltando que no es la primera vez que las AGC intimidan a líderes sociales, campesinos, sindicales, ambientales y defensores de derechos humanos en la región. Recordó que el pasado 1 de febrero, la misma organización armada emitió un comunicado similar.

Madero Vergel advirtió sobre la continuidad en el hostigamiento, la estigmatización y el señalamiento por parte de grupos armados contra los liderazgos del Magdalena Medio. Las autoridades ya se encuentran investigando la veracidad del panfleto y han establecido contacto con los líderes amenazados para recibir sus requerimientos en materia de seguridad.

Aunque aún no se ha determinado la autenticidad del documento, los organismos de derechos humanos y las autoridades están tomando la situación con seriedad, brindando acompañamiento a los líderes sociales y adelantando las pesquisas necesarias para esclarecer el origen de estas amenazas que buscan amedrentar a quienes defienden los derechos de las comunidades en Barrancabermeja y la región.