Concejales defienden su actuación ante demanda de investidura

Nueve concejales de Barrancabermeja continúan defendiendo la legalidad de sus actuaciones dentro del trámite que permitió la aprobación del Acuerdo 012 de 2025, actualmente bajo revisión judicial en Santander.

La controversia se originó por una demanda de pérdida de investidura presentada contra los corporados, proceso que avanza en el Tribunal Administrativo de Santander, entidad encargada de determinar si existió alguna irregularidad en el procedimiento adelantado por los cabildantes.

En medio del proceso, la Procuraduría 158 Judicial 12 en asuntos administrativos de Santander emitió un concepto favorable a las pretensiones de la demanda. Sin embargo, este pronunciamiento no representa una decisión definitiva ni obliga al tribunal a fallar en el mismo sentido.

Desde la defensa de los concejales se insiste en que su participación estuvo limitada exclusivamente a la aprobación de una adición presupuestal, una facultad que hace parte de las competencias del Concejo Distrital.

Los corporados sostienen que la responsabilidad sobre la ejecución de los recursos aprobados correspondía únicamente a la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, entidad encargada de administrar y destinar los dineros incorporados al presupuesto.

Según su argumentación, no existe una relación directa entre la aprobación del acuerdo y el uso final que se haya dado a los recursos públicos, por lo que consideran improcedente atribuirles responsabilidad sobre la ejecución presupuestal.

La acción judicial fue promovida por el abogado Rogelio Adolfo Escarpeta Díaz, quien cuestiona la incorporación y utilización de recursos provenientes de multas de tránsito incluidas mediante el Acuerdo 012 de 2025.

Dentro del proceso, una de las discusiones centrales gira alrededor de la diferencia jurídica entre autorizar una herramienta presupuestal y ejecutar efectivamente los recursos públicos una vez estos han sido incorporados al presupuesto oficial.

La defensa de los concejales considera que esta distinción será determinante para la decisión final del tribunal, ya que, a su juicio, las competencias de aprobación y ejecución recaen sobre autoridades diferentes.

Mientras continúa el estudio del caso, el Tribunal Administrativo de Santander deberá evaluar las pruebas aportadas, los argumentos de las partes involucradas y el concepto emitido por el Ministerio Público.

La decisión que adopte la corporación judicial definirá si existe mérito suficiente para decretar o no la pérdida de investidura de los nueve concejales vinculados al proceso, una determinación que mantiene la atención de diversos sectores políticos y ciudadanos de Barrancabermeja.