Campesinos reclaman adjudicación de predios incautados en Sábana de Torres

Organizaciones sociales integradas por familias campesinas víctimas de la violencia reiteraron su solicitud al Gobierno nacional para que se adelante la adjudicación de predios incautados en el municipio de Sábana de Torres, en el departamento de Santander.

Los terrenos fueron incautados en 2019 al ganadero José Guillermo “Ñeñe” Hernández, dentro de procesos judiciales liderados por la Fiscalía General de la Nación, específicamente por la Fiscalía Especializada 19 de Bogotá.

Según las comunidades campesinas, a pesar del tiempo transcurrido desde la incautación, los bienes continúan en poder de terceros, quienes presuntamente los estarían usufructuando sin legitimidad jurídica, situación que ha generado preocupación entre las familias desplazadas.

Las organizaciones aseguran que estos hechos fueron puestos en conocimiento desde septiembre de 2025 ante entidades del Estado como la Sociedad de Activos Especiales y la Agencia Nacional de Tierras, sin que hasta el momento se hayan adoptado decisiones concretas sobre el destino de los predios.

De acuerdo con los denunciantes, no se ha realizado presencia institucional en el territorio para verificar las irregularidades señaladas, lo que ha prolongado la incertidumbre sobre la situación jurídica y administrativa de las tierras incautadas.

Las familias campesinas, muchas de ellas desplazadas desde hace más de dos décadas, afirman que su principal interés es acceder a un pedazo de tierra para cultivar y reconstruir sus proyectos de vida en la zona rural del municipio.

Desde el pasado 15 de diciembre de 2025, un grupo de campesinos ingresó a uno de los 14 predios ubicados en jurisdicción de Sábana de Torres, tras conocer la existencia de un contrato de arrendamiento que, según indican, presentaría presuntas irregularidades.

Las comunidades señalan que dicho contrato tendría fecha de vencimiento el 17 de febrero de 2026, razón por la cual consideran urgente que las autoridades competentes actúen antes de esa fecha para evitar que la situación se prolongue.

En este contexto, los campesinos hicieron un llamado directo a la Agencia Nacional de Tierras para que se apersone del caso, evalúe el estado de los predios y defina su posible adjudicación a las familias solicitantes.

Las organizaciones sociales insisten en que los predios incautados deben cumplir una función social, especialmente en territorios afectados históricamente por el conflicto armado y el desplazamiento forzado.

Mientras tanto, las comunidades mantienen su presencia en el lugar y continúan a la espera de una respuesta institucional, reiterando que su exigencia se basa en el derecho al acceso a la tierra y al trabajo rural.