Paralización en PTAR San Silvestre deteriora derechos laborales

La construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) San Silvestre en Barrancabermeja enfrenta una parálisis operativa que ha encendido alarmas debido al impacto directo sobre los trabajadores. La viceministra del Trabajo, Sandra Milena Muñoz, confirmó que ya se han identificado múltiples incumplimientos legales por parte del Consorcio PTAR San Silvestre.

Según las denuncias recibidas, los contratos de diversos trabajadores han sido suspendidos de forma irregular, sin que la empresa gestionara la autorización correspondiente ante el Ministerio de Trabajo. Además, se reportan casos de falta de pago salarial, mora en prestaciones sociales y omisiones en afiliaciones a la seguridad social integral.

Entre los aspectos más graves figura que algunos empleados ni siquiera cuentan con cobertura en salud, lo que en casos extremos ha llevado a vulneraciones de derechos humanos básicos. Una concejala local también denunció que trabajadores con enfermedades crónicas no han podido acceder a tratamientos ni servicios médicos esenciales.

Una de las situaciones más críticas es el caso de una mujer en gestación cuya suspensión contractual impidió que tuviera acceso a atención prenatal. Tras dar a luz, ella debió recurrir a una acción de tutela para exigir el acceso a servicios de salud y protección legal.

El Ministerio del Trabajo advierte que podrían activarse sanciones administrativas si el consorcio y la empresa contratista no retoman con urgencia sus obligaciones laborales. La autoridad laboral además pidió que no se dilate más la reanudación de pagos y contratos para evitar que el conflicto escale y ponga en riesgo la continuidad del proyecto.

Por su parte, el consorcio había informado que la suspensión de contratos se extendería hasta noviembre, un plazo que muchos trabajadores ya han manifestado que no podrán soportar. La incertidumbre financiera se ha vuelto una constante entre empleados, quienes temen quedar sin sustento familiar.

Se ha llamado también a la Empresa de Aguas local, ya que el consorcio ha prestado servicios para ella, a asumir una responsabilidad solidaria frente a las obligaciones laborales que están siendo incumplidas. No basta con desvincularse del conflicto: las partes contratantes podrían responder frente a las autoridades.

Hasta el momento, los entes de control como Personería Municipal, Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la oficina local del trabajo han recibido múltiples quejas. Sin embargo, la demora en respuestas ha incrementado la frustración entre los trabajadores afectados.

Mientras el proyecto permanece paralizado, el riesgo de que la obra se estanque definitivamente crece cada día. Si no se da una intervención urgente y responsable, podría comprometerse no solo el derecho laboral de los empleados, sino también el futuro de la infraestructura hídrica para la ciudad.