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Fiscalía elimina dirección seccional del Magdalena Medio por reorganización

Casos serán asumidos por sedes en otros cinco departamentos 📄🗳️

La Fiscalía General de la Nación anunció la supresión de la dirección seccional del Magdalena Medio, como parte de una reestructuración institucional orientada a mejorar la cobertura territorial y adecuarla a las particularidades de cada región del país.

Esta medida, que implica una reorganización interna, contempla la creación de una nueva dirección seccional en el departamento de Vaupés, con el fin de atender de manera más eficiente los casos penales en zonas de geografía compleja y con necesidades específicas.

La dirección del Magdalena Medio, que hasta ahora tenía jurisdicción sobre municipios de seis departamentos, verá sus funciones redistribuidas. Los casos de seguridad ciudadana serán asumidos por las direcciones seccionales de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cesar y Santander.

Según la Fiscalía, la mayor parte de procesos en la región están relacionados con criminalidad organizada, lo que ha motivado que sean trasladados a otras delegadas especializadas en este tipo de delitos.

En esta nueva configuración, se determinó que los municipios de Cáchira y La Esperanza, en Norte de Santander, serán atendidos desde las sedes de Aguachica y San Alberto, en el departamento del Cesar.

La entidad explicó que la decisión busca garantizar la continuidad del servicio y facilitar el acceso de la ciudadanía a la justicia, adaptando la presencia institucional a la dinámica y necesidades de cada territorio.

La nueva dirección seccional en Vaupés contará con personal propio y permitirá una atención diferenciada de los casos penales que anteriormente compartían estructura con el departamento de Guainía.

Desde la Fiscalía se aseguró que esta transformación organizacional busca fortalecer la eficiencia en la investigación penal y mejorar la capacidad de respuesta en regiones estratégicas.

La medida ha generado expectativa en los municipios afectados, donde se espera que el cambio no afecte la cobertura judicial ni los tiempos de atención para los ciudadanos.

 

 

 

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