Inpec propone eliminar inhibidores de señal en cárceles para combatir extorsiones

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ha anunciado una controvertida medida en su estrategia para combatir la creciente problemática de las extorsiones en Colombia. La nueva propuesta consiste en eliminar los inhibidores de señal instalados en las cárceles y transferir la responsabilidad de manejar las comunicaciones a los operadores móviles. Esta estrategia busca frenar las extorsiones, ya que se estima que el 90% de estos delitos en el país son orquestados desde los centros penitenciarios.

El coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, explicó que la eliminación de los inhibidores permitirá una supervisión más efectiva de las comunicaciones dentro y fuera de los centros penitenciarios. La medida responde a la creciente preocupación por la implicación de funcionarios de la entidad en actividades delictivas. En lo que va del año, 190 funcionarios han sido capturados por estar involucrados en actividades de extorsión, a menudo facilitadas por la introducción clandestina de celulares en las cárceles.

Las extorsiones han afectado gravemente a diversos sectores, con un notable aumento en las ciudades de Bogotá, Santander y Barranquilla. En Atlántico, comerciantes, tenderos y empresarios del transporte han sido víctimas de intimidaciones por parte de grupos criminales. En lo que va del año, las autoridades han capturado 171 personas por este delito, y los casos se pueden denunciar a través de la línea 165 del Gaula.

Los residentes viven con temor constante debido a las exigencias de sumas millonarias para evitar ataques contra sus vidas. Los conductores y comerciantes también enfrentan serios problemas, con algunos siendo obligados a cerrar sus negocios debido a las amenazas.

La estrategia del Inpec es parte de un esfuerzo más amplio para abordar la corrupción y mejorar la seguridad en los centros penitenciarios. Junto con el Ministerio de las TIC y el Ministerio de Justicia, así como con los operadores móviles, el Inpec busca un enfoque más efectivo para controlar la comunicación y reducir el flujo de información delictiva desde las cárceles. En lo que va del año 2024, se han incautado 65,000 celulares en centros penitenciarios, destacando la magnitud del problema y la necesidad de reformas estructurales en el sistema.