Defensoría del Pueblo emite alerta temprana por presencia de AGC en Santander
Creciente presencia de Autodefensas Gaitanistas requiere acciones inmediatas
La Defensoría del Pueblo en dirección de Carlos Camargo Assis, ha emitido una alerta temprana señalando la presencia de miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en territorio Santandereano.
De acuerdo a la alerta, las AGC también conocido como Clan del Golfo, tendría como objetivo la expansión territorial y el control de economías ilegales derivadas del narcotráfico y la extorsión. En el reporte, la Defensoría señala que el bloque Aristides Meza Páez, frente Edgar Madrid Benjume, serían los responsables de múltiples amenazas a líderes y comerciantes en varios corregimientos del departamento como San José de los Chorros, Papayal, y San Rafael de Lebrija en el municipio de Rionegro. Además, pretenden ganar el control total de una crucial zona geográfica que permite la conexión entre el Sur de Bolívar, Puerto Wilches, Bajo Rionegro, Sur del Cesar, y la costa Caribe, territorio que anteriormente fue dominado por el Bloque Central Bolívar de las autodefensas.
Carlos Camargo, mencionó que desde la Defensoría se formularon 19 recomendaciones para que entes nacionales y territoriales ejecuten planes de acción humanitaria preventivas, “el riesgo de vulneración de derechos contra la población civil urgió a que la Defensoría del Pueblo emitiera la Alerta Temprana de Inminencia 028 del 2023. Las niñas, los niños y adolescentes también están expuestos, pues podrían ser instrumentalizados para la realización de labores específicas de ‘vigilancia’ en esta región”, señaló el defensor.
Además, a través del monitoreo realizado por la entidad, se pudo evidenciar que los procesos organizativos comunitarios están siendo afectados, obligando a los ciudadanos a que informen sobre sus actividades, generando un alto riesgo en la comunidad. También, en otra advertencia, las comunidades de las veredas Bocas del Rosario y Chingale, del municipio de Puerto Wilches han manifestado también la presencia del grupo armado en esta zona rural de la región, quienes se estarían disputando el control territorial con el ELN, lo que llevaría a homicidios selectivos o múltiples.
A través de las 19 recomendaciones formuladas, el Defensor del Pueblo espera que las autoridades locales y nacionales pongan en marcha estrategias que permitan garantizar los derechos de la población civil.
