Tribunal ordena reglamentar la ley contra el ruido

La sentencia establece que el Gobierno nacional deberá avanzar en la reglamentación de la ley para fortalecer el control del ruido en todo el territorio colombiano, una medida que busca enfrentar una problemática que afecta la calidad de vida de miles de ciudadanos.

Según el fallo, en un plazo máximo de un mes deberá conformarse la Comisión de Seguimiento e Implementación de la Política de Calidad Acústica, organismo encargado de coordinar las acciones necesarias para poner en marcha la normativa.

Asimismo, la decisión judicial fija un plazo de tres meses para que el Gobierno expida la Política de Calidad Acústica y establezca las estrategias que permitirán aplicar la ley en todo el país.

Uno de los casos destacados por las autoridades es el de Barrancabermeja, distrito que desde el año pasado viene implementando medidas para combatir la contaminación por ruido mediante el programa “Subámosle al respeto y Dejen dormir”.

De acuerdo con las autoridades locales, esta estrategia ha permitido recibir más de 700 denuncias relacionadas con exceso de ruido, realizar más de 75 operativos de control, ordenar el cierre de más de 40 establecimientos comerciales e imponer comparendos tanto a negocios como a familias que han incumplido las normas de convivencia.

Las autoridades distritales aseguran que estas acciones han contribuido a reducir los niveles de contaminación acústica en la ciudad y a mejorar la convivencia entre residentes, comerciantes y visitantes.

El secretario responsable del programa manifestó que el objetivo es mantener el orden y promover una convivencia armónica, permitiendo que las actividades comerciales y de entretenimiento funcionen dentro de los límites establecidos por la ley, mediante medidas como el aislamiento acústico en los establecimientos.

La sentencia también reconoce que la contaminación acústica se ha convertido en un problema de salud pública, debido a los efectos que genera la exposición constante a altos niveles de ruido sobre la salud física y mental de la población.

Finalmente, el Tribunal concluyó que la falta de reglamentación ha limitado la aplicación efectiva de la Ley 2450 de 2025, por lo que ordenó al Gobierno cumplir con los plazos establecidos para desarrollar la política de calidad acústica y garantizar herramientas que permitan controlar esta problemática en todo el país.