Salario mínimo 2026 sigue vigente pese a suspensión

La suspensión provisional del aumento del 23,78 % del salario mínimo 2026 por parte del Consejo de Estado no implica que el nuevo valor haya quedado sin efecto inmediato para esta quincena. La decisión judicial estableció una condición específica antes de que la medida tenga impacto material.

En su pronunciamiento sobre el Decreto 1469 de 2025, el alto tribunal ordenó suspender provisionalmente los efectos del acto administrativo. Sin embargo, aclaró que esa suspensión solo entrará en vigor cuando el Gobierno expida y publique un nuevo decreto transitorio que ajuste la cifra.

En consecuencia, mientras no exista ese nuevo acto administrativo, el salario mínimo vigente es el decretado por el Gobierno nacional. Esto significa que el valor actual debe aplicarse para efectos de pago.

El decreto firmado por el presidente Gustavo Petro fijó el salario mínimo en $1.750.905, y en $2.000.000 con auxilio de transporte. Esas son las cifras que jurídicamente rigen en este momento.

La decisión del Consejo de Estado no anuló el salario mínimo ni declaró ilegal el incremento. Se trata de una medida cautelar de suspensión provisional mientras el tribunal estudia de fondo la demanda presentada contra el decreto.

Además, el alto tribunal ordenó al Ejecutivo expedir en un plazo máximo de ocho días un nuevo decreto transitorio. También exigió una justificación técnica que explique cómo se ponderaron variables como inflación, productividad, PIB y protección al trabajo, conforme a la Ley 278 de 1996.

Hasta que ese nuevo decreto no sea publicado oficialmente, el acto original sigue produciendo efectos legales. Por tanto, no existe actualmente una cifra alternativa vigente para liquidar salarios.

Para empresarios y trabajadores, esto implica que el pago debe realizarse conforme al salario mínimo decretado, ya que la suspensión aún no tiene efectos materiales. No cumplir con el valor vigente podría generar controversias laborales.

El presidente Petro afirmó que respeta el fallo, pero defendió la legalidad del aumento. Anunció que solicitará una aclaración al Consejo de Estado al considerar que no se tuvo en cuenta el carácter prevalente de la protección al trabajo desarrollado por la Corte Constitucional.

Desde sectores del Pacto Histórico se promovieron movilizaciones en rechazo a la suspensión provisional. En contraste, el expresidente Álvaro Uribe Vélez cuestionó el impacto económico del incremento y reiteró preocupaciones sobre inversión y carga tributaria.

El gremio Fenalco respaldó la decisión judicial, señalando que la suspensión provisional puede contribuir a la sostenibilidad del empleo formal en el país.

En el Consejo de Estado ahora se discuten varias actuaciones pendientes: la expedición del nuevo decreto, la posible aclaración solicitada por el Gobierno y la decisión definitiva sobre la legalidad del aumento. Mientras el proceso jurídico avanza, la realidad práctica es clara: esta quincena se paga con el salario mínimo decretado.