Suspensión del salario mínimo agita el debate político

La suspensión provisional del decreto que fijó el salario mínimo para 2026 abrió un nuevo capítulo de tensión política en Colombia. La decisión del Consejo de Estado se produjo tras admitir varias demandas de nulidad contra el Decreto 1469 de 2025, expedido por el Gobierno Nacional.

El decreto establecía un incremento del 23,7 %, lo que elevaba el salario mínimo a 2 millones de pesos. Sin embargo, el alto tribunal consideró necesario suspender temporalmente la norma mientras estudia de fondo los argumentos jurídicos presentados en los recursos radicados entre enero y febrero de 2026.

La medida generó reacciones inmediatas en distintos sectores políticos. El exsenador Gustavo Bolívar cuestionó la decisión y señaló que, a su juicio, hubo una extralimitación de funciones. En su declaración pública, defendió el aumento como una herramienta para combatir la desigualdad y la pobreza.

Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Armando Benedetti, manifestó su sorpresa ante la noticia. Durante una entrevista radial, afirmó que la determinación va en contravía de la Constitución, al considerar que esta promueve la búsqueda de un salario vital acorde con el costo de la canasta familiar, estimada en alrededor de 3 millones 500 mil pesos.

La oposición también fijó postura. La senadora María Fernanda Cabal confirmó la suspensión del decreto y enmarcó la decisión dentro de las controversias jurídicas que han rodeado varias iniciativas del Ejecutivo. En la misma línea, el representante Christian Garcés señaló que el país enfrenta debates complejos por cuenta de lo que considera incumplimientos normativos.

Por su parte, Enrique Gómez, director del movimiento Salvación Nacional, aseguró que la suspensión era previsible debido a lo que calificó como una alza sin suficiente sustento técnico. Según su postura, la discusión ahora se trasladará al terreno administrativo mientras se define el nuevo acto normativo.

Entre los aspirantes presidenciales también hubo pronunciamientos. El exembajador Roy Barreras expresó respaldo al presidente Gustavo Petro y convocó a la movilización ciudadana frente a lo que describió como una decisión que afecta a los trabajadores colombianos.

En el ámbito económico, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo explicó que la suspensión no implica cambios inmediatos en los aumentos salariales ya aplicados por las empresas al inicio del año. Indicó que, por ahora, los ajustes continúan vigentes mientras se emite un nuevo decreto provisional.

Restrepo precisó que el Consejo de Estado otorgó un plazo de ocho días al Gobierno para expedir un nuevo decreto que fije el salario mínimo de manera temporal. Este deberá ajustarse a los criterios establecidos en la Ley 278 de 1997, incluyendo variables como la meta de inflación, la productividad, el PIB y el IPC.

La decisión judicial mantiene en el centro del debate la forma en que se determina el salario mínimo en Colombia, así como el equilibrio entre los criterios técnicos y las consideraciones sociales. El proceso continuará mientras el alto tribunal estudia de fondo la legalidad del decreto suspendido.