Procuraduría archiva investigación contra Edwin Palma

La Procuraduría General de la Nación archivó la investigación que adelantaba contra Edwin Palma, quien fungió como agente interventor de la empresa Aire, tras no hallar irregularidades en su gestión. La revisión incluyó los procesos de contratación y el manejo de los recursos provenientes del Fondo Empresarial.

Según informó la entidad, todos los contratos evaluados se ajustaron a los manuales internos establecidos, y los 148.000 millones de pesos desembolsados fueron utilizados en el pago de obligaciones en el mercado mayorista de energía. Con ello, se habría garantizado la continuidad del servicio eléctrico en la región.

Uno de los puntos examinados fue el nombramiento de Juan Pablo Nieto Egea, primo de Palma, como gerente de la empresa. La Procuraduría determinó que, al tratarse de un parentesco en cuarto grado de consanguinidad, no se configuró inhabilidad alguna ni se violaron las políticas relacionadas con conflictos de interés.

A pesar de no encontrar mérito para imponer sanciones disciplinarias, el órgano de control anunció que realizará un seguimiento preventivo sobre el caso. Este acompañamiento busca reforzar los filtros de verificación en procesos contractuales y garantizar el adecuado manejo de los recursos públicos.

La Procuraduría destacó que el objetivo de este seguimiento es evitar posibles fallas administrativas futuras y garantizar la transparencia en todos los niveles del proceso interventor.

Con esta decisión, se da por cerrada una de las investigaciones más visibles en torno a la intervención de empresas del sector energético en el país, al menos en lo que respecta a la actuación de Palma.

El expediente fue cerrado sin observaciones, aunque el caso continuará bajo la lupa como parte de las estrategias de control preventivo implementadas por la entidad.

Este resultado representa un respaldo institucional al proceso de intervención liderado por Palma, el cual había sido objeto de críticas desde distintos sectores.

La Procuraduría no descartó emitir nuevas directrices para reforzar la vigilancia sobre empresas intervenidas por el Estado, en especial aquellas que administran recursos del sector energético.