Gobernador de Santander elimina polémica tasa de seguridad

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, anunció la derogación de la tasa de seguridad departamental, una medida que había sido aprobada recientemente por la Asamblea y que empezaría a cobrarse en septiembre a través del recibo de energía en los estratos 4, 5 y 6.

La decisión fue comunicada en una rueda de prensa en Bucaramanga, donde el mandatario explicó que la reforma tributaria nacional, con un impacto estimado en 26 billones de pesos, modificó el panorama fiscal y llevó a reconsiderar el cobro de este nuevo gravamen.

El gobernador afirmó que en el actual contexto económico nacional se requiere actuar con prudencia y responsabilidad, especialmente frente a la carga impositiva que ya enfrentan los ciudadanos. Agregó que la medida buscaba responder a las necesidades de seguridad, pero que es necesario ser empáticos con quienes generan empleo y dinamizan la economía local.

Díaz Mateus enfatizó que la derogación de la tasa representa un acto de responsabilidad y de compromiso con los empresarios, comerciantes y familias santandereanas, quienes habían expresado su inconformidad con la contribución propuesta.

A pesar de esta decisión, el gobernador aclaró que los proyectos de seguridad e infraestructura no se detendrán. El gobierno departamental buscará mecanismos alternativos de financiación que no impacten directamente el bolsillo de los ciudadanos.

Entre las prioridades señaladas por la administración está el desarrollo del Centro de Gestión de Riesgo y Seguridad (CGS), el cual será clave para coordinar la respuesta ante emergencias y modernizar los sistemas de vigilancia en el departamento.

El gobernador destacó el respaldo de varios sectores de la sociedad, incluidos empresarios y comerciantes, quienes han manifestado su disposición a apoyar iniciativas que fortalezcan la seguridad ciudadana.

La tasa de seguridad había sido blanco de críticas por parte de diferentes sectores, al considerarse una medida regresiva que afectaría a la clase media en medio de un entorno económico complejo.

La derogación fue bien recibida por la ciudadanía, que veía con preocupación un nuevo cobro mensual en los servicios públicos, en especial en un momento de incertidumbre económica.

El gobierno de Santander reiteró su compromiso con la protección de la vida, el patrimonio y la tranquilidad de los ciudadanos, sin recurrir a cargas que puedan agudizar las dificultades económicas de los hogares.