Fiscalía ocupa bienes ligados al narco en cinco municipios de Antioquia

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre bienes relacionados con una red criminal que operaba en los municipios de Puerto Salgar, Remedios, Sabaneta, Urráo y Chondó, en Antioquia. El valor preliminar de los activos ocupados supera los 143.700 millones de pesos.

Las acciones judiciales incluyeron embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre propiedades, vehículos y sociedades comerciales. Todo esto hace parte de un proceso de extinción de dominio por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico.

De acuerdo con la investigación, varias de las empresas involucradas se dedicaban a la producción y comercialización de aguacate, utilizadas como fachada para encubrir dinero de origen ilegal derivado del envío de clorhidrato de cocaína hacia Europa.

Los integrantes de esta red habrían consolidado un millonario patrimonio oculto mediante complejas maniobras financieras. Muchos de los bienes eran registrados a nombre de familiares o personas cercanas para dificultar su rastreo por parte de las autoridades.

Las investigaciones revelaron que, con las ganancias del narcotráfico, la organización adquirió 46 inmuebles entre rurales y urbanos, 18 vehículos de alta gama y tres sociedades comerciales.

En total, se identificaron y ocuparon 48 inmuebles, junto a vehículos y empresas vinculadas directamente con el grupo delictivo. Los procedimientos fueron ejecutados por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, con apoyo del CTI y el Ejército Nacional.

Los bienes ocupados estaban bajo control de una red familiar, algunos de cuyos miembros han sido extraditados a Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico internacional de estupefacientes.

Las autoridades continúan el rastreo de activos asociados a esta estructura, que utilizaba el sector agroindustrial como medio para legalizar los ingresos delictivos y expandir su operación a nivel internacional.

Con estas acciones, la Fiscalía busca debilitar el músculo financiero del narcotráfico y avanzar en la recuperación de activos ilegales para el Estado colombiano.