David Ravelo fue designado como facilitador de paz en Barrancabermeja

El defensor de derechos humanos David Ravelo Crespo fue designado como facilitador de paz en el marco del proceso de diálogo urbano que se adelanta en Barrancabermeja, con el objetivo de reducir la violencia urbana y fortalecer la convivencia ciudadana en esta ciudad del Magdalena Medio.

La designación fue confirmada en las últimas horas y se enmarca en una estrategia que busca generar espacios de reconciliación con estructuras armadas ilegales que operan en la región, como los grupos conocidos como “la M” y “los Búcaros”.

El rol de Ravelo Crespo será clave para mediar conversaciones entre el Estado, la sociedad civil y estos actores armados, en un intento por encontrar salidas pacíficas y sostenibles al conflicto urbano que aqueja a Barrancabermeja desde hace años.

Este proceso también contará con la participación activa de figuras como el diputado Camilo Torres, y los líderes sociales Andrés Mauricio Ortiz y Fernando Pacheco, además del respaldo del gobierno distrital.

La presencia de Ravelo, quien ha dedicado gran parte de su vida a la defensa de los derechos humanos en el Magdalena Medio, representa un intento por fortalecer un enfoque territorial de paz desde la experiencia local.

Los diálogos con grupos armados se desarrollan en un contexto complejo, donde la ciudad enfrenta retos asociados a la seguridad, el crimen organizado y la presencia de actores armados con influencia en distintos sectores barriales.

Según fuentes cercanas al proceso, Ravelo aportará su conocimiento en mecanismos de resolución de conflictos y su trayectoria en procesos de articulación comunitaria, para construir puentes entre sectores sociales y estructuras delictivas.

Las autoridades esperan que esta figura de facilitación de paz permita abrir nuevos canales de diálogo y contribuyan a disminuir la presión armada sobre la población civil en zonas críticas de Barrancabermeja.

El proceso de paz urbana ha sido impulsado por distintas organizaciones sociales y cuenta con respaldo institucional como parte de la política de paz total del gobierno nacional.

Esta iniciativa se suma a otros esfuerzos en el Magdalena Medio por promover un clima de respeto a la vida, los derechos humanos y la participación comunitaria como pilares de una seguridad sostenible.