Credhos denuncia señalamientos y pide garantías de seguridad

La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) realizó una rueda de prensa en la que denunció públicamente presuntos señalamientos que pondrían en riesgo a sus integrantes y su labor en Barrancabermeja.

Iván Madero, presidente de la corporación, informó que se está acusando a Credhos de haber firmado un informe entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el que se documenta el caso de Claudia Isabel Jerez, una mujer que habría sido dada de baja en una operación militar en 1988 en el barrio Las Granjas.

Según Madero, estas acusaciones buscan desacreditar el trabajo de la organización, señalándola falsamente de “documentar casos falsos” y responsabilizar injustamente a militares y policías por hechos relacionados con el conflicto armado.

Durante la intervención, Credhos pidió al Gobierno Nacional y a las entidades correspondientes tomar medidas urgentes de protección, al considerar que se está generando un ambiente hostil que afecta directamente la seguridad de sus miembros.

Madero también solicitó fortalecer las medidas cautelares colectivas que fueron otorgadas a Credhos mediante el auto CDG08028 de 2024, las cuales buscan garantizar su seguridad ante el cumplimiento de sus funciones.

La corporación pidió a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP que reconozca el nexo causal entre los riesgos actuales y la labor que desarrolla Credhos como representante jurídica de las víctimas ante la justicia transicional.

Además, se propuso la realización de una audiencia pública de seguimiento para revisar el cumplimiento de las medidas otorgadas, la cual se espera se realice directamente en Barrancabermeja.

Desde Credhos insisten en que las recientes intimidaciones buscan frenar su trabajo en la defensa de los derechos humanos y la representación de víctimas del conflicto armado.

La organización ha sido reconocida nacional e internacionalmente por su trabajo en el Magdalena Medio, una de las zonas más afectadas por la violencia en Colombia.

Las declaraciones fueron entregadas como parte de una estrategia para visibilizar los nuevos riesgos que enfrentan y exigir una respuesta institucional efectiva.