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Judicial

Cinco policías fueron capturados por permitir tráfico ilegal de madera

🌲 Los uniformados estarían vinculados a red criminal en el sur de Bolívar 🚔

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de garantías a cinco miembros activos de la Policía Nacional, acusados de facilitar el transporte ilegal de madera extraída de zonas protegidas en el sur de Bolívar. Entre los implicados figuran altos mandos y patrulleros de los municipios de Puerto Wilches y San Pablo.

Uno de los detenidos se desempeñaba como comandante de la estación de Policía de Puerto Wilches, mientras que otro ocupaba el cargo de subcomandante de patrulla en San Pablo. Los otros tres son patrulleros de la región que, presuntamente, habrían colaborado con la organización criminal a cambio de pagos en efectivo.

De acuerdo con las investigaciones, se evidenciaron consignaciones bancarias por 3 millones de pesos el 31 de marzo de 2023 y dos más por 800.000 pesos cada una en mayo y junio del mismo año. Estas transacciones estarían relacionadas con la entrega de información y omisión de funciones para permitir el paso de madera obtenida ilegalmente.

Según el expediente, los uniformados habrían entregado información privilegiada sobre turnos, puntos de control y rutas a un grupo delincuencial liderado por alias “El Primo”, facilitando así el tráfico del recurso forestal por las vías del Magdalena Medio hacia otras ciudades para su comercialización.

Las pruebas recolectadas por la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente evidencian que los implicados permitían que los cargamentos ilegales circularan sin restricción, afectando gravemente el ecosistema de la región.

El juez del caso imputó los delitos de aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables y cohecho propio. Aunque los cinco policías no aceptaron los cargos, el juzgado decidió imponerles medida de aseguramiento en lugar de domicilio mientras continúa el proceso judicial.

Este caso ha generado indignación en la comunidad, pues pone en evidencia la complicidad de funcionarios públicos con redes dedicadas a la explotación ambiental ilegal.

Las autoridades reiteraron su compromiso con la protección del medio ambiente y anunciaron que continuarán las investigaciones para identificar a otros posibles implicados en esta estructura criminal.

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