Concejales de Barrancabermeja bajo investigación por decisión en terrenos públicos

BARRANCABERMEJA, Santander – La reciente sesión del Concejo Municipal ha generado controversia debido a decisiones tomadas sobre la propiedad y el uso de terrenos públicos. Entre los puntos destacados de la discusión estuvieron los casos de la cancha La Floresta y el cementerio La Resurrección, ambos predios con significativas deudas acumuladas en impuestos y administrados por entidades externas al municipio. Los concejales que aprobaron la condonación de deudas para estos terrenos se encuentran actualmente bajo investigación por parte de la Procuraduría.

Situación del cementerio La Resurrección

Durante la sesión, el concejal Ceferino Garay explicó que el cementerio La Resurrección, ubicado en uno de los sectores más humildes de Barrancabermeja, ha acumulado deudas en impuestos por un valor de 232 millones de pesos. Garay enfatizó que, debido a la falta de infraestructura y recursos, muchos ciudadanos de bajos recursos utilizan este espacio, lo que ha generado quejas recurrentes por las deficiencias en el mantenimiento del lugar.

El predio es administrado por la entidad Fundesmag, y, según Garay, se había planeado inicialmente una negociación para transferir el terreno al municipio. Sin embargo, esta gestión no prosperó, en parte, según explicó el concejal, debido a su intervención en el debate. La transacción estimada para la compra del predio sería de aproximadamente 4,000 millones de pesos, una suma que el concejo asegura no estar en condiciones de cubrir en la actualidad. “El municipio no tiene recursos disponibles para esta compra”, afirmó Garay.

¿Por qué investigar la cancha La Floresta?

La cancha La Floresta, uno de los espacios deportivos más antiguos y frecuentados por la comunidad, es otro de los terrenos en disputa. Administrado desde hace décadas por la Empresa de Servicios Públicos de Medellín (EPM), el predio ha acumulado una deuda de 112 millones de pesos en impuestos. Según la versión de Garay, quien también defendió la aprobación de la condonación de deuda, EPM ofreció donar el terreno, con el fin de que el municipio pudiera realizar inversiones para mejorar las instalaciones. “Votamos a favor de la condonación para que el municipio pueda mejorar las instalaciones deportivas sin cobrar un peso adicional”, explicó Garay.

Sin embargo, la Procuraduría ha abierto un proceso investigativo contra nueve de los concejales que votaron a favor de la condonación, argumentando que la decisión podría representar una mala administración de recursos públicos. Los concejales han sido citados a audiencia, y, hasta el momento, tres de ellos ya comparecieron ante el organismo de control.

Acusaciones y reacciones de los concejales

Garay y otros concejales se han defendido ante la Procuraduría argumentando que su intención era mejorar las condiciones de uso del predio y beneficiar a la comunidad. Según el concejal, si EPM hubiera cobrado arriendo por el uso de la cancha durante los últimos 40 años, el costo habría sido mucho mayor que la deuda actual en impuestos. En cifras, estima que el arriendo mensual habría costado alrededor de 120 millones de pesos, comparado con la deuda condonada de 112 millones.

Algunos concejales, sin embargo, se han mostrado preocupados por las repercusiones legales de esta decisión y han optado por no participar en la votación, argumentando que la condonación podría representar un riesgo de irregularidades. Según Córdoba, es fundamental evaluar la pertinencia de este tipo de decisiones que impactan las finanzas del municipio y pueden abrir procesos judiciales contra sus miembros.

Debate sobre el rol de la Procuraduría en las decisiones del Concejo

El concejal Garay también denunció lo que calificó como una “persecución” por parte de la Procuraduría. Según él, la intervención de este ente podría estar limitando la toma de decisiones dentro del concejo, generando un ambiente de preocupación y censura. “Es preocupante que uno quiera defender un predio en favor de la comunidad y termine siendo investigado”, expresó el concejal en la sesión.

Los concejales que participaron en el debate resaltaron que, aunque están dispuestos a someterse a las investigaciones, consideran importante que la Procuraduría entienda las limitaciones económicas del municipio y el impacto social de estas decisiones en beneficio de los ciudadanos de Barrancabermeja.

El papel de la Empresa de Servicios Públicos de Medellín en la cancha La Floresta

En cuanto al caso específico de la cancha La Floresta, el concejo debatió la historia de administración del terreno. Este predio, que ha sido utilizado por la comunidad por más de cuatro décadas, es propiedad de EPM. Según Garay, EPM propuso al concejo la condonación de la deuda en impuestos a cambio de que el municipio pudiera realizar inversiones en mejoras, dado que la empresa no cuenta con un presupuesto para el mantenimiento del lugar.

Desde la perspectiva de algunos concejales, la decisión de aceptar la donación de EPM y condonar la deuda responde a un proceso de reciprocidad en beneficio de la comunidad. Sin embargo, algunos críticos consideran que aceptar estas propuestas sin un análisis exhaustivo puede representar una pérdida para las finanzas municipales. La Procuraduría, en su papel de vigilante de los recursos públicos, cuestiona si esta condonación es la mejor opción y si el proceso de donación se llevó a cabo dentro de los marcos legales.

Situación financiera y presupuesto municipal

Uno de los aspectos que se destacó durante la sesión fue la limitada situación financiera del municipio de Barrancabermeja. Según los concejales, el presupuesto municipal enfrenta deudas significativas y hay obras pendientes de financiamiento. El concejal Garay manifestó su preocupación por el futuro de Barrancabermeja, señalando que es necesario encontrar soluciones viables que garanticen el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo sin comprometer el futuro financiero de la ciudad.

En este sentido, los concejales pidieron prudencia y el apoyo de la comunidad para que comprendan las limitaciones presupuestales a las que se enfrentan. “Estamos aquí para servir a los intereses del municipio y defender el bienestar de nuestros ciudadanos”, reiteró Garay, subrayando que sus decisiones están fundamentadas en la búsqueda de beneficios a largo plazo para la comunidad.

Proyecciones y próximos pasos en el Concejo Municipal

La sesión concluyó con un llamado a los ciudadanos a seguir de cerca el proceso de investigación de la Procuraduría, en espera de una decisión final sobre la condonación de las deudas de estos terrenos. Garay afirmó que, independientemente del desenlace, los concejales continuarán trabajando en la mejora de los espacios públicos y en la gestión de recursos para proyectos sociales que beneficien a la población de Barrancabermeja.

La situación actual deja abierta la pregunta sobre cómo equilibrar la administración de recursos municipales y la toma de decisiones que prioricen los intereses de la comunidad. El Concejo Municipal deberá evaluar el impacto de sus decisiones en el desarrollo de la ciudad, así como en la confianza que los ciudadanos depositan en sus representantes.