Poncho Zuleta y sus hijos, amenazados por las AGC en polémico panfleto

El cantante vallenato ‘Poncho’ Zuleta y dos de sus hijos, Andrés Alfonso y Claudia Margarita Zuleta, diputada en el Cesar, fueron amenazados por el grupo armado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), generando un ambiente de tensión en la región. En el comunicado, el Bloque Nelson Darío Hurtado Simanca de las AGC declaró a varias figuras públicas como “objetivo militar”, acusándolos de actividades que, según el grupo, afectan a la población local.

El documento menciona también a José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, a quien la organización acusa de ser responsable de afectar a los pequeños ganaderos de la región. En el panfleto, el grupo se refiere a Zuleta como “líder gremial encubridor” de una empresa que presuntamente opera bajo el mando de Lafaurie.

Amenazas a dirigentes políticos y territorios restringidos

Las amenazas no se limitan a Zuleta y su familia. Entre los otros nombres incluidos en el panfleto figuran el excongresista Álvaro Morón y varios dirigentes locales, a quienes las AGC acusaron de realizar actividades políticas en municipios del Cesar, como El Copey, Bosconia, El Paso, Astrea y Chimichagua. El grupo advierte que no permitirá actividades políticas en estos territorios durante las campañas electorales de 2026, con la excepción de una candidata no identificada, dejando entrever su posible intención de intervenir en las elecciones.

Reacción de las autoridades y llamados a la seguridad

Las autoridades han iniciado investigaciones sobre el origen de este comunicado y están evaluando medidas de protección para los dirigentes amenazados, en especial en un contexto de intensificación de amenazas por parte de grupos armados en la región. Esta situación genera una alerta en el Cesar y destaca la creciente presión que ejercen grupos armados sobre líderes públicos y gremiales en el país.

Este tipo de amenazas representa un desafío en el marco de la próxima contienda electoral, al afectar directamente a figuras de impacto regional y nacional, y plantea una nueva serie de riesgos para la estabilidad en territorios marcados por la violencia.