Más de 10 millones de colombianos en riesgo de quedarse sin luz: ¿Racionamiento a la vista?

La Contraloría General de la República ha lanzado una seria advertencia sobre la posibilidad de que más de 10 millones de colombianos se queden sin suministro eléctrico en las próximas semanas. La entidad de control señala un “inminente riesgo de racionamiento” que podría afectar gravemente a regiones como la Costa Caribe, Nariño, Chocó y Puerto Carreño (Vichada).

El riesgo de un posible racionamiento de energía se debe principalmente a un retraso en el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio de energía. Según la Contraloría, estos pagos, que deben ser autorizados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, aún no se han concretado. Este atraso ha llevado a una situación crítica que podría desembocar en la suspensión del servicio eléctrico en amplias zonas del país.

Además, la Contraloría critica la falta de acción por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de Industria y Comercio, entidades responsables de la vigilancia y control de la prestación de servicios públicos. La entidad de control ha señalado que, a pesar de la gravedad de la situación, no se han tomado medidas adecuadas para abordar el problema.

Otro factor que contribuye a la crisis es la falta de decisión del Gobierno nacional respecto al reembolso a los prestadores del servicio por los recursos no recaudados durante la pandemia, cuando se congelaron las tarifas para aliviar el gasto de los hogares. El incumplimiento de las obligaciones de los operadores de red con el mercado mayorista de energía también está afectando la capacidad de los generadores para suministrar energía a los prestadores del servicio, especialmente en la Costa Caribe.

La Contraloría advierte que una posible interrupción del suministro eléctrico podría tener graves consecuencias para otros servicios esenciales como la salud, la educación y el comercio. La falta de energía también afectaría a los acueductos, exacerbando los problemas en la vida cotidiana de la población.

En respuesta a la crisis, la Contraloría ha anunciado que trasladará los casos correspondientes a la Procuraduría General de la Nación para determinar las responsabilidades disciplinarias que correspondan y buscar una solución efectiva a esta grave problemática.