Corte Constitucional detiene proyectos de Fracking en el Magdalena Medio tras fallo a favor de la comunidad Afrodescendiente

En un fallo significativo, la Corte Constitucional de Colombia ha decidido suspender los proyectos piloto de fracking en el Magdalena Medio, alegando una grave falta en el procedimiento de consulta previa con la comunidad afrodescendiente Afrowilches. La sentencia T-514 de 2023 subraya que, a pesar de que los proyectos se encuentran actualmente en pausa, no se ha establecido una cancelación definitiva y concluyente, lo que deja abierta la posibilidad de reanudación futura.

La Corte determinó que no se cumplió con el derecho a la consulta previa, libre e informada, esencial para garantizar la participación de las comunidades afectadas en decisiones que impactan directamente su territorio y forma de vida. Esta falta de consulta afectó especialmente a las comunidades afrodescendientes, cuyo entorno cultural y espiritual podría verse comprometido por la técnica de fracking.

El fallo surgió a partir de dos acciones de tutela: una interpuesta por varias organizaciones locales y otra por la Corporación Afrowilches. Ambas alegaron que el proceso de licenciamiento ambiental de los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII) para fracking se había llevado a cabo sin considerar las preocupaciones y derechos de las comunidades locales. La Corte encontró que la ejecución de estos proyectos podría tener efectos perjudiciales en la organización social y el entorno ambiental de las comunidades afrocolombianas.

A pesar de la sentencia, la Corte no atendió la solicitud de amparo de los derechos a la participación ambiental de otros grupos locales, como campesinos y pescadores. Este aspecto del fallo ha generado preocupación entre diversas organizaciones que ven esta omisión como una limitación significativa al reconocimiento de derechos más amplios en la región.

En respuesta al fallo, la Corporación Podion y otras entidades como AIDA y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) han celebrado la decisión como un paso importante para la justicia ambiental y la protección de los derechos de las comunidades afrodescendientes e indígenas. La abogada Yeny Rodríguez, de AIDA, destacó que la sentencia establece un precedente crucial para la participación democrática en procesos ambientales y regulatorios.