Éxito en la instalación de la mesa territorial de garantías en Magdalena Medio

La Defensoría Regional del Pueblo, con el respaldo de su secretaría técnica, llevó a cabo la instalación de la Mesa Territorial de Garantías en el Magdalena Medio, en respuesta a una solicitud del Ministerio del Interior. El evento, realizado en Barrancabermeja, reunió a diversas organizaciones de la sociedad civil y líderes de derechos humanos, con el objetivo de promover el diálogo y construir acuerdos sobre la protección de la vida y los derechos en la región.

Jacqueline Rojas, representante de la organización OFP, resumió los avances de la mesa y destacó su importancia. “Este espacio es un mecanismo fundamental al cual le apostamos las organizaciones defensoras de derechos humanos y los líderes sociales. Es esencial seguir tendiendo puentes con el gobierno en diferentes instancias local, regional y nacional,” señaló Rojas. A pesar del compromiso mostrado por los participantes, también se destacó que la respuesta del gobierno nacional no alcanzó la magnitud esperada en relación con los compromisos previamente establecidos.

La mesa territorial tuvo como objetivo principal crear un espacio para la discusión y construcción de acuerdos en torno a los derechos humanos. Sin embargo, la participación fue desigual: de los cuatro departamentos convocados—Bolívar, César, Santander y Antioquia—solo Bolívar y Santander estuvieron presentes, con una participación baja. En total, se registraron entre seis y ocho delegados de las secretarías del interior de los municipios, mientras que la presencia de Antioquia fue mínima y César no asistió.

A pesar de estos desafíos, la Defensoría agradeció la participación de los asistentes y destacó la importancia del encuentro para abordar los temas de protección en el territorio. La instalación de la mesa se considera un paso necesario y urgente para abordar los problemas de seguridad y derechos humanos en la región.

El encuentro subraya la necesidad de fortalecer la colaboración entre las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno para garantizar una respuesta efectiva y comprometida con la protección de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el Magdalena Medio.