El Gobierno de Petro propondrá reformar la ley de servicios públicos

El 11 de julio de 2024, se conmemoraron tres décadas de la Ley de Servicios Públicos en Colombia, una legislación clave que ha regulado la provisión de servicios esenciales en el país. En coincidencia con esta fecha, el Gobierno de Gustavo Petro está trabajando en una reforma significativa de la ley para adaptarla a las nuevas demandas sociales y garantizar un equilibrio más justo entre empresas y usuarios.

Dagoberto Quiroga, Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, ha anunciado que una de las principales propuestas de la reforma es clasificar el internet doméstico como un servicio público domiciliario. Esta medida permitiría que el servicio de internet en los hogares esté bajo la supervisión de la Superintendencia de Servicios Públicos, similar a la regulación que actualmente se aplica a servicios como electricidad, gas, acueducto, alcantarillado y aseo. Actualmente, el internet es supervisado por el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

Quiroga destacó que el objetivo de esta inclusión es “nivelar la balanza para que la regulación también beneficie a los usuarios y no solo al negocio de las empresas”. La propuesta forma parte de un esfuerzo más amplio del Gobierno para mejorar la equidad en la prestación de servicios esenciales y asegurar que las regulaciones beneficien directamente a los consumidores.

La reforma será presentada al Congreso durante la actual legislatura, que comenzó el 20 de julio. Según Quiroga, la propuesta está abierta a modificaciones durante el debate legislativo. “Esto se presentará y en el mismo debate del proyecto de ley esta propuesta se puede mejorar o complementarse”, señaló. La propuesta llega en un momento en que la pandemia ha resaltado la importancia crítica del internet para la educación y el trabajo en línea.

El Superintendente también abordó los problemas actuales de la Ley de Servicios Públicos, señalando que la regulación y vigilancia han sido cooptadas por los monopolios, desviándose del bienestar ciudadano hacia la rentabilidad empresarial. Además, destacó las deficiencias en la cobertura y prestación de servicios en áreas rurales y menos desarrolladas, así como la necesidad de ajustar el enfoque territorial de la ley.

A pesar de reconocer el papel crucial del sector privado, Quiroga advirtió sobre la concentración de servicios en pocas empresas, lo que afecta la competitividad y perjudica a los usuarios finales. La reforma propuesta busca balancear la búsqueda de beneficios económicos con el propósito de bienestar para la ciudadanía, garantizando un acceso más equitativo a los servicios públicos.