Psicóloga golpea a niña con discapacidad durante terapia

En Pidedecuesta, Santander, un caso de abuso ha sacudido las redes sociales y la comunidad local tras la difusión de un video donde se observa a una psicóloga golpeando a una niña de 12 años con discapacidad severa durante una sesión de terapia. El incidente, denunciado por la madre de la menor, Sandra Patricia Carrillo Jiménez, ha desatado indignación y repudio generalizado.

Según Carrillo, quien descubrió los abusos revisando cámaras de seguridad en su hogar, la psicóloga Daniela Rueda presuntamente golpeó repetidamente a su hija con una silla, puños en la boca y la nariz, dejándola con hematomas visibles y secuelas físicas graves. La madre había confiado en la profesionalidad de Rueda durante nueve meses de terapia, hasta que notó cambios preocupantes en el comportamiento y la salud de su hija.

La difusión del video ha llevado a exigir justicia por parte de la comunidad y el diputado local, quien ha pedido la inmediata intervención de las autoridades competentes. En declaraciones a los medios, Carrillo expresó su dolor y la urgencia de que la psicóloga sea retirada de su cargo para evitar que más niños sean víctimas.

Este incidente también ha puesto en tela de juicio la gestión de la IPS H&S, donde trabaja la psicóloga, pues la madre de la niña ha reportado problemas adicionales como la falta de atención médica necesaria para su hija, quien requiere una máscara facial para dormir y atención urgente para un problema de adenoides.

Ante la gravedad de los hechos, la IPS se ha disculpado con la familia afectada, aunque Sandra Carrillo ha dejado claro que lo que busca no son disculpas, sino acciones concretas para proteger a su hija y garantizar que este tipo de incidentes no se repitan.

El diputado local ha instado a la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Salud departamental, la Supersalud y el Icbf a intervenir de manera urgente en el caso, subrayando la necesidad de una investigación exhaustiva y la renuncia inmediata de la profesional implicada.

Este caso ha generado un debate público sobre la protección de los derechos de los niños con discapacidad y la responsabilidad de las instituciones de salud en la atención de estos casos sensibles, donde la confianza de las familias se ve vulnerada por acciones que deberían asegurar el bienestar y el cuidado integral de los menores vulnerables.