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Actualidad

JEP adelanta audiencia pública en Barrancabermeja

Audiencia pública busca proteger los derechos de las víctimas de desaparición forzada y promover la búsqueda de la verdad.

En el auditorio Edgar Cote Gravino del Centro Popular Comercial, se llevó a cabo la segunda audiencia pública ordenada en el marco de la medida cautelar nacional. Esta iniciativa, impulsada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tuvo como objetivo principal abordar las peticiones de las víctimas de desaparición forzada y promover la búsqueda de la verdad y la reparación, especialmente en el contexto de la masacre ocurrida el 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja.

Raúl Eduardo Sánchez, presidente de la sección de ausencia de reconocimiento de la JEP, detalló los alcances de la jornada, destacando el propósito fundamental de las medidas cautelares territoriales: proteger de manera inmediata los derechos de las víctimas. Actualmente, se han tramitado 23 medidas cautelares en diversos territorios del país, con resultados que incluyen 130 exhumaciones, 81 personas identificadas y 69 casos en curso.

La medida cautelar nacional, enmarcada en la búsqueda de la verdad y la reparación, insta a los gobiernos locales a colaborar con las familias buscadoras para encontrar a sus seres queridos desaparecidos. La experiencia en el ámbito territorial ha evidenciado fallas estructurales por parte del Estado, lo que ha llevado a la JEP a abocar un trámite de orden nacional para garantizar la protección de los derechos de las víctimas de desaparición forzada.

La elección de Barrancabermeja como sede de esta audiencia pública responde a su historia marcada por décadas de conflicto armado, así como a la conmemoración del 16 de mayo, fecha significativa en la memoria de las víctimas de la masacre. Este espacio brinda la oportunidad de destacar el derecho fundamental a la memoria y el esclarecimiento de casos de desaparición forzada que aún esperan justicia tras 26 años.

Representantes de ministerios, organizaciones de víctimas, defensoras de derechos humanos y autoridades locales y nacionales participaron en la audiencia, demostrando un compromiso conjunto en la búsqueda de soluciones para las víctimas y sus familias.

 

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