El expresidente de la República y exsenador Álvaro Uribe Vélez se enfrentará a un proceso judicial por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal, según informó la Fiscalía General de la Nación el 9 de abril de 2024.

Tras dos solicitudes de preclusión que no fueron concedidas por los jueces de Bogotá, la entidad judicial decidió llevar adelante el caso, lo que marcó un hito significativo en la historia política de Colombia. Este paso legal se produce luego de deliberaciones y una investigación por parte de la fiscalía, que concluyó que existen suficientes pruebas para justificar el juicio contra el exjefe de estado.

Según lo establecido en el Código Penal colombiano, los delitos de fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal conllevan penas severas que oscilan entre los 6 y 12 años de cárcel. Además de la privación de libertad, quienes sean hallados culpables de estos delitos enfrentarán multas significativas y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante un período considerable.

El fraude procesal, según el artículo 453 del Código Penal, se define como el acto de inducir en error a un servidor público para obtener una sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley. Esta acción conlleva no solo penas de prisión, sino también multas y la inhabilitación para ejercer funciones públicas.

Por otro lado, el soborno en actuación penal, como se define en el artículo 444 del Código Penal, implica la entrega o promesa de dinero u otras ventajas a un testigo de un hecho delictivo con el fin de influir en su testimonio o hacer que se retracte de su declaración. Este tipo de conducta es especialmente grave, ya que socava la búsqueda de la verdad y obstaculiza la administración de justicia.

El proceso judicial que enfrentará Álvaro Uribe Vélez no solo será un juicio en el tribunal, sino que también será un juicio en la opinión pública. Durante décadas, el exmandatario ha sido una figura polarizadora en Colombia, admirado por algunos como un líder fuerte y carismático, mientras que otros lo han criticado por sus políticas y métodos.

Ahora, su legado político está en juego mientras se enfrenta a estas graves acusaciones. Es importante destacar que, a pesar de las acusaciones en su contra, Álvaro Uribe Vélez sigue gozando de la presunción de inocencia, un principio fundamental en cualquier sistema judicial justo y democrático. Sin embargo, el proceso judicial que se avecina será una prueba tanto para él como para el sistema judicial colombiano en su conjunto.

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ha enviado una carta al expresidente Álvaro Uribe en respuesta a los videos que han circulado desde su regreso a Colombia. En esta carta de dos páginas, Mancuso niega las acusaciones de conspiración en su contra y anuncia que presentará una denuncia penal contra Uribe por difundir información falsa. Mancuso exige que Uribe presente pruebas que respalden sus afirmaciones sobre un complot en su contra.

Mancuso, responsable de numerosos actos criminales, afirma que todas sus declaraciones sobre el papel de Uribe en el conflicto armado se han realizado en sede judicial. Según Mancuso, durante el mandato de Uribe como gobernador de Antioquia y en su primer mandato presidencial, hubo cooperación y connivencia entre las instituciones lideradas por Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Las tensiones entre Uribe y Mancuso se remontan a la década de los 90. Ambos surgieron como figuras destacadas en ese período, Uribe por sus logros como gobernador de Antioquia y Mancuso por sus acciones criminales y de exterminio. Se encontraron en 2002, cuando Uribe, ya presidente de la República, creó la Ley de Justicia y Paz para la desmovilización de los grupos paramilitares, incluyendo a Mancuso. Sin embargo, en 2008, Uribe firmó la extradición de Mancuso, lo que generó tensión entre ambos.

Dieciséis años después, Mancuso regresó a Colombia y está en prisión, pero se espera que sea liberado próximamente por solicitud del gobierno actual y de su defensa. Sin embargo, su excarcelación ha sido obstaculizada por los magistrados de Justicia y Paz, quienes consideran que Mancuso aún tiene pendientes más de 65,000 crímenes contra las víctimas.

Mancuso cree que las trabas para su liberación están influenciadas por Uribe, quien continúa difamándolo y buscando perjudicarlo. Mancuso le pide a Uribe que cese su campaña de linchamiento social y lo invita a comparecer ante la justicia para contar su verdad. Mancuso afirma que es hora de que ambos se enfrenten al sistema de justicia y pasen a ocupar su lugar en la historia de Colombia.

Es importante recordar que Mancuso fue condenado en Estados Unidos por lavado de activos y narcotráfico, y que sus crímenes superaron los límites del Derecho Internacional Humanitario debido a la crueldad de las torturas y masacres contra la población civil en diferentes regiones de Colombia, especialmente en Córdoba, Norte de Santander, Bolívar y Antioquia.

El presidente Joe Biden ha anunciado que visitará la frontera entre Estados Unidos y México el próximo jueves, en un intento por abordar la creciente crisis migratoria que ha enfrentado desde que asumió el cargo en enero de 2021. La afluencia masiva de migrantes y solicitantes de asilo ha sido un desafío político para su administración y ha generado preocupación en la campaña de reelección de Biden para las presidenciales de noviembre.

La visita de Biden a la frontera se produce en un momento en el que su predecesor, Donald Trump, también tiene previsto realizar una visita a Texas para centrarse en el tema de la inmigración ilegal. Sin embargo, mientras que Trump ha utilizado un discurso agresivo y ha agitado el miedo hacia los migrantes, Biden buscará abordar la situación de manera más diplomática y buscar soluciones efectivas.

Según un funcionario de la Casa Blanca, Biden aprovechará la oportunidad para reunirse con la patrulla fronteriza y las autoridades locales, con el objetivo de discutir la urgente necesidad de aprobar un acuerdo bipartidista en el Senado sobre seguridad fronteriza. Además, instará a los congresistas republicanos a dejar de lado los juegos políticos y proporcionar la financiación necesaria para proteger la frontera.

La Casa Blanca ha culpado a las políticas de la administración anterior por la crisis migratoria actual, mientras que los republicanos acusan a Biden de favorecer el derecho de asilo para los migrantes, especialmente aquellos provenientes de América Latina. Esta polarización política ha obstaculizado los esfuerzos bipartidistas para encontrar una solución a largo plazo.

El proyecto de ley actual propone la creación de una «Autoridad de Emergencia Fronteriza» que permitiría al presidente y al secretario de Seguridad Nacional prohibir temporalmente las solicitudes de asilo, con excepciones limitadas, cuando la frontera con México esté colapsada. Además, se espera que el proceso de solicitud se reduzca significativamente, pasando de los actuales 5 a 7 años a tan solo seis meses.

El funcionario de la Casa Blanca ha destacado que este proyecto de ley es uno de los más rigurosos y equitativos en décadas para garantizar la seguridad fronteriza. Sin embargo, su progreso se ha estancado en el Senado debido a la oposición de los republicanos en la Cámara de Representantes.

La crisis migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México es un desafío complejo que requiere una solución integral. Biden, al visitar la frontera, busca mostrar su compromiso con abordar este problema de manera efectiva y trabajar en colaboración con las autoridades locales y la patrulla fronteriza.

Esperemos que esta visita sea un paso importante hacia la búsqueda de soluciones a largo plazo que aborden las causas fundamentales de la migración y brinden protección a aquellos que buscan una vida mejor en Estados Unidos.