El Gobernador de Santander reconoció que existe un problema departamental con la falta de nombramiento de profesores en algunas instituciones educativas, situación que ha generado protestas, como la registrada recientemente en el municipio de Matanza.
«Estamos corriendo para nombrar los profesores. En Matanza, por ejemplo, hubo una protesta hoy, pero me dice la Secretaria que ya se nombraron dos docentes, luego se nombró otro y también se nombrará al rector», afirmó el mandatario departamental.
Explicó que esta problemática surgió luego de que 15 profesores que ganaron el último concurso docente salieron de sus cargos para posesionarse, dejando alrededor de 100 vacantes en varios planteles educativos de Santander.
«Eso tiene un procedimiento para nombrarlo. Estamos trabajando en acelerarlo, dándole todos los recursos a la Secretaría de Educación para poder llenar esos huecos», agregó el Gobernador.
Si bien no dio una fecha exacta, aseguró que se están tomando las medidas necesarias para asignar el personal docente faltante en las instituciones afectadas, con el objetivo de garantizar la prestación del servicio educativo.
«Toca ir solucionando por sitios con el personal y recursos que tenemos, tratando de que funcionen las escuelas y resolver lo más rápido posible esta situación», concluyó.
Las declaraciones del Gobernador buscan enviar un mensaje de tranquilidad ante el malestar generado por la falta de profesores en algunas zonas del departamento.

Un lamentable hecho de violencia enlutó nuevamente a Barrancabermeja luego de que un joven identificado como Luis Gómez, de 18 años, fuera asesinado a tiros cuando se movilizaba en una motocicleta junto a un menor de 17 años en la comuna 7 de la ciudad.

El ataque sicarial se registró en inmediaciones de los barrios El Campín y María Eugenia, cuando sujetos armados dispararon contra las dos víctimas que transitaban por la zona en la noche de este miércoles.

Como resultado, Luis Gómez cayó abatido de la motocicleta de placas H02F, quedando tendido en la vía, mientras que el menor de edad resultó herido y tuvo que ser trasladado por cuerpos de socorro a una clínica local.

Según testimonios de la comunidad, el adolescente alcanzó a pedir auxilio al llegar a la cancha deportiva del barrio El Campín, donde fue auxiliado tras el ataque armado.

Las autoridades ya adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles y dar con el paradero de los responsables de este nuevo crimen que enluta a la ciudad petrolera.

Con este lamentable caso, suman ya 49 los asesinatos registrados en lo que va corrido del año en Barrancabermeja, donde jóvenes entre los 18 y 25 años, así como adolescentes, siguen siendo las principales víctimas del accionar sicarial.

En Barrancabermeja se vive un intenso debate en torno a la inminente realización de un concurso público para proveer alrededor de 300 cargos que actualmente se encuentran en provisionalidad en la administración municipal.

Por un lado, los trabajadores que ocupan estos empleos de forma provisional argumentan que la aplicación de esta medida, que los obligaría a someterse al concurso de méritos, generaría una «masacre laboral» al poner en riesgo la estabilidad laboral que han mantenido por años.

Los sindicatos y agremiaciones han unificado su posición respetando la carrera administrativa, pero piden garantías y herramientas para que los empleados públicos puedan participar en igualdad de condiciones en el concurso.

Por otra parte, sectores defensores de la meritocracia y la legalidad apoyan someter estos cargos a concursos públicos, argumentando que deben ser otorgados de acuerdo a la capacidad y méritos de los aspirantes, según los lineamientos del Consejo Nacional del Servicio Civil.

En medio de la polémica, el alcalde Jonathan Vásquez reconoce que, si bien es necesario realizar el concurso para cumplir con la ley, resulta financieramente complejo para la administración distrital, pues implicaría un costo cercano a los $15.500 millones y también asumir las liquidaciones de quienes no superen las pruebas.

«Lo que no han hecho en 25 años no podemos hacerlo en 3 meses. Pedimos hacerlo de manera gradual para evitar un traumatismo en las familias y en las finanzas municipales», manifestó Vásquez.

La controversia se mantiene a la espera de evaluar todas las implicaciones y encontrar la mejor forma de implementar esta medida sin generar un impacto abrupto en la estabilidad laboral y las finanzas distritales.