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Así será la ley seca para las elecciones en Colombia 2023

El Gobierno colombiano establece medidas para mantener el orden durante las elecciones del 29 de octubre

Con la fecha de las elecciones en Colombia del 29 de octubre acercándose rápidamente, el Gobierno ha emitido una serie de normativas destinadas a garantizar un proceso electoral seguro y ordenado. Entre estas regulaciones se encuentra la conocida “ley seca”, que regula la venta y consumo de alcohol en todo el país durante la jornada electoral.

El decreto 1702, emitido por el Ministerio del Interior el 19 de octubre, tiene como objetivo principal “dictar normas en materia de orden público, publicidad electoral, equilibrio informativo, apoyo a sufragantes con limitaciones físicas y asegurar el normal desarrollo de la elección de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o miembros de las juntas administradoras locales”, según lo indica su artículo 1.

Todas las normas, incluida la ley seca, aplican tanto para las elecciones del 29 de octubre como, en caso de ser necesario, para la segunda vuelta de la elección de alcalde mayor en Bogotá programada para el 19 de noviembre.

La “ley seca” impone restricciones a la venta y consumo de bebidas alcohólicas en todo el territorio colombiano durante el período electoral de 2023. Pero, ¿cuándo exactamente aplica esta restricción?

De acuerdo con el artículo 19 del decreto, la ley seca entrará en vigor a partir de las 6 p.m. (hora local) del sábado 28 de octubre y se mantendrá en efecto hasta las 6 a.m. del lunes 30 de octubre. Durante este período, la venta y consumo de alcohol estarán estrictamente prohibidos.

Aquellos que infrinjan esta disposición se enfrentarán a multas. El Gobierno estableció que la sanción en 2022 asciende a 392.000 pesos colombianos, equivalente a aproximadamente US$93.

Estas medidas buscan garantizar un proceso electoral pacífico y libre de influencias indebidas, permitiendo a los ciudadanos colombianos ejercer su derecho al voto en un entorno seguro y controlado. Con estas regulaciones, el Gobierno se esfuerza por preservar la integridad del proceso democrático en Colombia.

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