Más de 400 Representantes del Gremio Minero Denuncian Impacto del Nuevo Decreto Ambiental

Una carta conjunta respaldada por más de 430 representantes de asociaciones de pequeños mineros de 10 departamentos del país ha levantado la voz sobre un inminente incremento en la ilegalidad minera debido a un decreto que se espera sea expedido por el Ministerio de Ambiente.

En este documento, los pequeños mineros advierten que el Gobierno Nacional tiene la intención de “declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal”, lo que podría resultar en el deterioro de la situación de los mineros artesanales y en su empuje hacia la ilegalidad. Las regiones involucradas en la denuncia son Boyacá, Santander, Putumayo, Caldas, Antioquia, Chocó, Cauca, Norte de Santander, Huila y Bolívar.

Ivonne González, directora de la Federación Colombiana de Pequeños Mineros Ancestrales en Proceso de Formalización (Fedemapec), expresó que la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, podría poner en peligro los esfuerzos de formalización y legalización de la pequeña minería al emitir este decreto. González destacó la necesidad de un proceso participativo y consultivo en la toma de decisiones, conforme lo estipula el Acuerdo de Escazú.

La directora también hizo hincapié en que se rechaza el contraste entre la invitación del Gobierno a una reforma colectiva del Código Minero y la posible expedición de decretos que podrían bloquear licencias ambientales. La comunidad minera solicitó una consulta abierta antes de la expedición del decreto, además de anunciar la convocatoria de una Convención Nacional de Pequeños Mineros para buscar soluciones y formalizar su actividad.

La preocupación se acentúa debido al incremento de amenazas por parte de organizaciones criminales, lo que ha dado lugar a un aumento de la minería ilegal. La medida propuesta por el Ministerio busca planificar reservas temporales mientras se definen reservas a largo plazo en ecosistemas sensibles. La ministra Susana Muhamad señaló que el objetivo es evitar la otorgación de nuevos títulos y licencias en zonas sensibles para prevenir problemas legales y ambientales.