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Ocho militares reconocen responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales en Dabeiba e Ituango

En una histórica audiencia de la JEP, militares aceptan haber presentado a campesinos como guerrilleros dados de baja en combate

En la reciente audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ocho militares reconocieron su responsabilidad en 49 ejecuciones extrajudiciales que tuvieron lugar en Dabeiba e Ituango entre los años 2002 y 2006. El evento se llevó a cabo en el coliseo municipal Destrezas Dabeibanas y marcó un hito al contar con la admisión de culpa de dos coroneles, dos mayores, tres sargentos y un soldado.

Los coroneles (r) Efraín Prada y Edie Pinzón, los sargentos (r) William Capera, Fidel Ochoa y Jaime Coral, los mayores (r) Yair Rodríguez y Hermes Alvarado, y el soldado profesional Levis Contreras aceptaron haber presentado a campesinos como guerrilleros dados de baja en combate. Durante sus testimonios, revelaron que las Fuerzas Militares llevaron a cabo asesinatos selectivos en Dabeiba, Antioquia, aprovechando la estigmatización existente contra ese municipio. Los ejecutados eran presentados como guerrilleros para justificar sus acciones.

El coronel (r) Edie Pinzón destacó que el Ejército Nacional se alió con los paramilitares de la zona y emprendieron ofensivas contra los campesinos, a quienes culpaban de recibir apoyo de los guerrilleros. El mayor (r) Yair Rodríguez lamentó su participación en el asesinato de Edison Lezcano y se describió a sí mismo como un “asesino” que “destrozó una familia”.

Los militares también describieron cómo se llevaba a cabo esta práctica sistemática. Según el sargento (r) Fidel Ochoa, el general Montoya, al mando de la Séptima División, promovía la violencia con sus programas radiales, exigiendo a los comandantes “números de bajas”. Ochoa señaló que esta práctica se inició en los años 90, asesinando a personas presuntamente vinculadas a la guerrilla según información proporcionada por los paramilitares.

La audiencia contó con la presencia de delegados de la ONU, familiares de las víctimas y altos funcionarios del gobierno. Además, otros 18 exmilitares asistieron, aunque no son imputados como máximos responsables, pero tuvieron parte de culpa en los crímenes de lesa humanidad.

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