Aún no se tienen noticias de secuestrados de Santa Rosa del Sur

Continúan los momentos de angustia para las familias de las cinco personas secuestradas el pasado 9 de junio en la zona rural de Santa Rosa del Sur, Bolívar. Hasta el momento, se desconoce qué grupo al margen de la ley está detrás de este terrible acto. Ningún actor armado se ha atribuido oficialmente la responsabilidad de estos hechos lamentables.

Según las labores de campo realizadas por las autoridades, se ha determinado que en esa zona del país existen dos grupos armados con influencia: el ELN y miembros de las antiguas FARC. Estos grupos se dedican, entre otras cosas, a cometer delitos similares. Las agencias estatales han iniciado acercamientos para establecer comunicación con ellos y acelerar la liberación de las personas secuestradas.

El incidente ocurrió cuando los funcionarios de la Secretaría de Movilidad estaban cumpliendo con sus funciones de capacitar y llevar programas de movilidad y tránsito a la zona rural del municipio. Desafortunadamente, después de completar su actividad y regresar al municipio de Santa Rosa, fueron interceptados por estos grupos armados, quienes los han mantenido cautivos desde aquel fatídico día.

El paradero de las cinco personas sigue siendo un misterio. Solo se sabe que fueron hombres armados sin identificación quienes detuvieron el vehículo en el que se desplazaban los funcionarios y los llevaron hacia un destino desconocido. Los familiares no han recibido noticias de su paradero y, hasta el momento, no se han realizado llamadas de prueba de supervivencia o exigencias económicas.

Las autoridades descartan que se trate de una retaliación específica, ya que los funcionarios fueron seleccionados al azar durante un programa de capacitación. Sin embargo, los grupos delincuenciales aprovecharon esta oportunidad en la zona donde operan. La Universidad de Pamplona ha manifestado su rechazo al secuestro de su estudiante que se encontraba realizando prácticas con los funcionarios y se suma al clamor por su liberación.

La Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica continúan realizando contactos en la zona para obtener noticias sobre los secuestrados. Hasta ahora, ningún grupo armado ha asumido la responsabilidad de la retención de estas personas. La defensoría ha brindado acompañamiento a las familias y está tomando las medidas necesarias para abordar esta situación.

La incertidumbre persiste mientras las familias, la población y las autoridades esperan ansiosos el regreso seguro de los secuestrados. Se clama por el respeto a su vida y se exige su pronta liberación. Toda organización, ya sea la Iglesia, la Defensoría del Pueblo o cualquier entidad relevante, se une a este llamado en busca del retorno de estos seres queridos a sus hogares.