Defensoría del Pueblo pone lupa sobre alarmantes cifras de violencia sexual infantil

La Defensoría del Pueblo de Colombia ha presentado un informe que revela la deficiente respuesta estatal en casos de violencia sexual, especialmente cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. Según el informe titulado “Violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en Colombia: análisis de la respuesta estatal”, la ruta de atención para las víctimas de violencia sexual se lleva a cabo de manera desarticulada, incompleta y en ocasiones conduce a la revictimización y la impunidad.

En lo que va del año 2023, se han registrado más de tres mil casos de niños y adolescentes víctimas de delitos sexuales, de los cuales aproximadamente el 50% corresponden a actos sexuales con menores de 14 años. La violencia sexual se ha identificado como la forma más común de maltrato contra los menores de edad en el país.

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, destacó la gravedad de esta situación y resaltó que cada hora se realizan dos exámenes médico-legales por presunto abuso sexual contra niños en Colombia. Durante el primer trimestre de 2023, el Instituto Nacional de Medicina Legal realizó 5.550 exámenes por presunto delito sexual, siendo el 79% de los casos correspondientes a niños, niñas y adolescentes (4.417 casos).

Es preocupante que el 78% de los casos de violencia sexual ocurran en el hogar, y en el 50% de los casos los agresores sean familiares o personas cercanas al núcleo familiar. Además, el 43% de los casos sucede durante actividades cotidianas relacionadas con el cuidado. A pesar de esta alarmante realidad, la respuesta estatal se muestra insuficiente y propicia la revictimización.

Ante esta problemática, el Defensor del Pueblo hizo un llamado a generar mecanismos de articulación y coordinación para formular e implementar políticas, acciones y rutas efectivas de reparación integral y restablecimiento de los derechos de las víctimas. Es necesario que el sistema judicial priorice los casos y brinde un mayor apoyo a las víctimas, fortaleciendo las redes de apoyo y las rutas de atención para garantizar el acceso a la justicia y proteger los derechos de las víctimas.