Nueva denuncia de corrupción en contrato millonario en Santander para CAE
A algunos elementos en contratos similares se les ha incrementado hasta el 145% de su valor
La administración del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, se encuentra nuevamente en medio de un escándalo de presunta corrupción. En esta ocasión, se trata de un contrato millonario para la compra de elementos destinados a proyectos productivos y formación musical y deportiva en algunos de los Centros de Atención Especial (CAE).
El Comité de transparencia por Santander denunció el presunto sobrecosto en este contrato, el cual tiene un valor cercano a los cuatro mil millones de pesos. Según explicó Marcela Pabón, directora de Transparencia por Santander, se encontraron serias deficiencias en los estudios previos que justifican la contratación, así como presuntos sobrecostos en los elementos a adquirir.
En concreto, el contrato buscaba adquirir elementos lúdicos como castillos inflables, piscinas de pelotas, saltarines inflables, monopatines, carros eléctricos, entre otros, para atender a jóvenes entre los 14 y 18 años que se encuentran privados de la libertad. Sin embargo, el costo de estos elementos resultó ser bastante elevado, muy por encima del precio comercial.
Por ejemplo, según señaló Pabón, el castillo y el saltarín inflable costarían 11 millones de pesos cada uno, y la piscina de pelotas costaría unos seis millones de pesos. Además, se encontraron otros elementos con precios elevados, como un saxofón por valor de 12 millones de pesos o un trombón por 14 millones de pesos.
El Comité de transparencia por Santander señaló que los CAE tienen otras prioridades en cuanto a temas de seguridad e infraestructura, y que algunos elementos comunes en procesos de contratación similares han tenido un incremento de hasta el 145 % de su precio unitario en comparación con los precios actuales.
En resumen, este nuevo escándalo de corrupción en Santander genera preocupación por las presuntas deficiencias en los estudios previos y los sobrecostos en los elementos a adquirir. La administración departamental debe responder a estas observaciones y asegurar que se tomen medidas para garantizar la transparencia en los procesos de contratación y el uso adecuado de los recursos públicos