Por incidente de desacato el gobernador de Santander tendría tres días de arresto
El proceso pasaría a otra instancia ante la apelación de la Secretaría.
Este arresto también se da para la secretaria de Educación al no buscar una docente para un colegio de San Vicente de Chucurí.
Desde hace seis meses cerca de 40 niños del colegio Palmira, de San Vicente de Chucurí, ubicado en Santander, se quedaron sin docente que dictaba varias materias. Prácticamente, no han podido estudiar en un semestre completo.
A pesar de que hubo una acción judicial el pasado 21 de julio en el que ordenaba al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, y la secretaria de Educación, María Eugenia Triana, de nombrar a un docente, la orden del juez no se ejecutó.
Ante el incidente de desacato que ya quedó en firme en segunda instancia, los funcionarios mencionados deberán asumir tres días de arresto y pagar una multa de tres salarios mínimos vigentes.
William Duarte, abogado y quien fue el accionante, dijo que, “ya casi un semestre se cumple de que no reciban clases, los niños se retiran, los padres no saben qué hacer, la rectora del colegio habla de deserción, son niños campesinos que no se les da la oportunidad de estudiar, no se les brinda las facilidades, pues desde luego van a terminar trabajando en el campo y no estudiarán”.
Según el abogado, el fallo quedó en firme, es decir, la orden judicial debe cumplirse. Lo que queda en este proceso es otra instancia que es la consulta para verificar que a las dos partes se les notificó este proceso.
Con base en esto, Triana Vargas aseguró que “en un reporte que se le hizo al juez, se solicitó la inoperancia de la sanción para que se revoque y sea emitida por el efectivo, además de demostrar que la Secretaría ha actuado de mejor manera posible”.
La funcionaria señaló que se abordó el tema desde 5 de agosto para asignar a una profesora, pero hasta el 23 del mismo mes, la rectoría informó que no se presentó a laborar la docente que había sido nombrada para la institución, en las fechas establecidas.
“Estábamos convencidos de que ya se estaba prestando el servicio educativo en esa institución. El pasado martes nos enteramos con el reporte de la rectora, que la docente no se presentó a laborar a la Institución. Y es por eso que el juzgado emite este desacato, revisando que no se había prestado ese servicio durante un tiempo”, señaló Triana Vargas.
En su lugar, el abogado accionante, dijo que, “ya casi un semestre se cumple de que no reciban clases, los niños se retiran, los padres no saben qué hacer, la rectora del colegio habla de deserción. Son niños campesinos que no se les da la oportunidad de estudiar, no se les brinda las facilidades, pues desde luego van a terminar trabajando en el campo y no estudiarán”.
Razón por la que por el momento, según el abogado William Duarte, la orden quedó en firme para asumir los tres días de arresto del gobernador y la secretaria, además de tener que pagar una multa de tres salarios mínimos vigentes.
Sin embargo, el proceso pasaría a otra instancia ante la apelación de la Secretaría, después de hacer la debida verificación de que hasta ahora fueron notificados.
