Se cumplieron 100 días desde que la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24
Profamilia advirtió que en Colombia se siguen presentando muchas barreras frente a ese procedimiento.
Al cumplirse 100 días de la aplicación de la sentencia C-055 de 2022 con la que la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación, Profamilia afirmó que en las 45 clínicas de esa entidad a nivel nacional se ha implementando esta decisión mientras algunas IPS del país se eliminan poco a poco las barreras para que las mujeres accedan a ese procedimiento.
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El asesor científico de Profamilia, médico Juan Carlos Vargas, afirmó que aunque esta decisión representa un paso histórico para la garantía de los derechos de las mujeres en Colombia y Latinoamérica, se hace un llamado para seguir trabajando por la implementación de procesos de educación integral en sexualidad, además de acceso a métodos anticonceptivos de calidad y la eliminación de obstáculos que impiden la prestación oportuna y humanizada en servicios de aborto seguro.
“Lo más importante desde la despenalización es que las Empresas Promotoras de Salud (EPS) han venido exigiendo a sus IPS contratadas que deben garantizar el cumplimiento de esta sentencia, pero sobre todo dar una respuesta en el plazo establecido por la Corte Constitucional, que es cinco días calendario después de la solicitud de la interrupción voluntaria del embarazo”, indicó.
Agregó que “hemos visto que las mujeres han ido conociendo y haciendo más propio el derecho al aborto que fue reconocido gracias a la sentencia y de esta forma se acercan con mayor seguridad a las clínicas para exigir la garantía de este derecho. Se sienten más libres de un posible estigma, que pese a esta decisión de la Corte todavía existe en el país”.
Profamilia apuntó que aunque el 93.3% de los abortos que se han realizado desde el fallo de la corte han sido en los tres primeros meses de gestación, la desinformación, las dilaciones en los tiempos de atención, el estigma y las dificultades para acceder a centros médicos por razones socioeconómicas, siguen siendo barreras que enfrentan las mujeres y personas gestantes al solicitar el procedimiento.
Dentro de los aspectos positivas se resalta que Colombia cuenta con el marco jurídico más amplio de América Latina y el Caribe, para la garantía del aborto como un derecho y un servicio de salud.
Recalcó que las usuarias que se acercan a las clínicas de Profamilia se muestran mucho más seguras para exigir la garantía del derecho al aborto que les asiste gracias a la Sentencia C-055 de 2022.
Sostuvo que se percibe un incremento de organizaciones que difunden información sobre la sentencia, hacen veeduría y acompañan a las mujeres en sus solicitudes ante el Sistema de Salud.
Como acciones negativas, se encuentra que la población más vulnerable sigue siendo la más afectada con las barreras de acceso.
“Las personas no afiliadas al sistema de salud como migrantes en situación irregular o nacionales en situación de pobreza, se enfrentan con la negativa de las instituciones y hospitales públicos que deciden impedir el procedimiento, a pesar de que el aborto es considerado como un servicio de urgencia que se debe garantizar a toda persona que lo solicite, sin importar si está o no afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud”, manifestó el doctor Juan Carlos Vargas.
Añadió que las limitaciones en la disponibilidad para realizar el procedimiento en todos los departamentos y municipios del país, hace que las mujeres requieran traslado a otras ciudades para ser atendidas.
Sin embargo, algunas EPS no cubren los viáticos o tienen retrasos en la atención, lo que impacta en los tiempos para realizar el procedimiento y el aumento en las edades gestacionales.
“A pesar de que el aborto es un servicio cubierto en el Plan de Beneficios en Salud, aún se presentan casos en los que las empresas aseguradoras le cobran a las usuarias una cuota moderadora o copago que no debería darse”, dijo.
Profamilia hizo una serie de recomendaciones especiales como combatir la desinformación para que todas las mujeres y personas gestantes puedan hacer uso de su derecho, lo más pronto posible.
“Se debe aumentar la disponibilidad de servicios de aborto en todo el país por parte de las EPS y generar los convenios o acuerdos necesarios que permitan garantizar la prestación del servicio, fortaleciendo las rutas de referencia y contra-referencia”, advirtió el médico experto.
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