Desmantelan matadero ilegal de caballos y burros en el Atlántico

Fueron encontrados 14 animales en pie, seis muertos y partes de otros que estaban almacenadas en un refrigerador.

La Fiscalía General de la Nación afirmó que fue descubierto un matadero ilegal ubicado en la calle 13 con carrera 26, barrio Rebolo, en el suroriente de Barranquilla, que se dedicaba a la comercialización de carne de caballo y de burro en la capital del Atlántico y varios de sus municipios.

En la diligencia de registro y allanamiento del inmueble fue capturado un hombre, identificado como Hipólito Enrique Meriño, de 69 años, quien fue judicializado al presuntamente estar involucrado en el sacrificio de los equinos para luego venderlos. Realizadas las verificaciones, integrantes de la Secretaría de Salud de Barranquilla determinaron que el establecimiento no tenía el permiso para llevar a cabo estas prácticas.

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Allí fueron encontrados 14 animales en pie, seis muertos y partes de otros que estaban almacenadas en un refrigerador. Además, se hallaron libros de contabilidad, en los cuales había registros de la venta de carne y de los dineros obtenidos por dicha actividad. Así mismo, se dio con 50 cueros de caballos disecados y un monto de dinero en efectivo que ascendía a los 9 millones 300 mil pesos.

El procedimiento contó con el acompañamiento de un veterinario de la Secretaría de Salud de Barranquilla. El experto dictaminó que los burros y caballos vivos estaban en mal estado físico y presentaban graves lesiones.

Durante las verificaciones, la autoridad ambiental indicó que la vivienda y la persona que la ocupaba no tenían permisos para el sacrificio de equinos y burros. Además, constató vertimientos de líquidos y residuos a las fuentes hídricas aledañas y al suelo, situación que representa grave riesgo para la salud.

Por su presunta responsabilidad en estos hechos, Hipólito Enrique Meriño fue imputado por los delitos de maltrato animal; corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico; y contaminación ambiental. Por disposición de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia.

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